La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dictó su primera sentencia por los secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las FARC. Los siete integrantes del último secretariado deberán cumplir sanciones restaurativas que incluyen apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas, acciones contra minas antipersonal, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica. Esta es la sanción más alta prevista en el Acuerdo Final de 2016.
La decisión marca un hito histórico en el reconocimiento de los crímenes del conflicto armado, pues los excomandantes nunca habían comparecido ante la justicia ordinaria y la impunidad en los delitos relacionados con secuestro llegaba al 92%. La JEP escuchó a más de 400 comparecientes, de los cuales 41 fueron imputados por secuestro. El 100 % reconoció su responsabilidad.
De acuerdo con las investigaciones, el secuestro fue una política criminal de las FARC que siguió tres patrones: financiar la organización armada, presionar al Estado colombiano para el intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial. Se estima que este crimen dejó más de 23.000 víctimas en el país, de las cuales 4.300 han sido acreditadas en el macrocaso 01.
El tribunal también estableció que durante los secuestros se cometieron otros hechos victimizantes, como desaparición forzada, desplazamiento, homicidios, tortura y violencia sexual.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó el carácter histórico de la sentencia: “En ningún lugar del mundo los altos mandos de un grupo armado habían reconocido su responsabilidad en los crímenes cometidos”, señaló. Sobre las víctimas agregó: “Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron, ninguna en el mundo podría hacerlo. Busca aliviar su dolor y el de sus familias y enviar un mensaje claro: nunca más un secuestro en Colombia, nunca más la vida convertida en moneda de cambio, nunca más una vida rota”.
Proyectos en los que deberán trabajar los sancionados
La sanción propia de ocho años recayó sobre Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Los excomandantes deberán desarrollar los siguientes proyectos:
- Búsqueda de personas desaparecidas.De las 4.325 víctimas acreditadas, cerca del 8 % reportó familiares desaparecidos durante los secuestros. Los sancionados deberán recolectar y sistematizar datos, entregar coordenadas, elaborar mapas temáticos y acompañar visitas de campo para la recuperación de cuerpos. El primer proyecto se centrará en la búsqueda, identificación y entrega digna de personas en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca.
- Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA).Las FARC instalaron minas para ejercer control territorial, las cuales aún afectan comunidades al impedir la movilidad y el desarrollo. Los comparecientes deberán recolectar, actualizar y sistematizar información sobre zonas de riesgo para facilitar la recuperación de estos territorios.
- Medio ambiente, naturaleza y territorio.La JEP concluyó que los secuestros también alteraron la vida de los territorios. Para reparar este daño, los sancionados participarán en la recuperación de terrenos, instalación de viveros, propagación de especies nativas y siembra de cultivos de pancoger en beneficio de las comunidades.
- Memoria y reparación simbólica.Los comparecientes deberán contribuir a honrar la memoria de las víctimas del secuestro, incluidas aquellas que no sobrevivieron. Entre las acciones se contemplan la transcripción de testimonios, construcción e instalación de artefactos de memoria, participación en productos radiales, digitales y audiovisuales, la creación de un sitio web con contenido reparador, además de actos públicos de perdón y encuentros restaurativos con las víctimas.
La Sala de Reconocimiento enfatizó que los proyectos debían tener un impacto real en la vida de las víctimas y las comunidades.
Condiciones de la sanción
Los sancionados tendrán restricciones de movilidad, residencia y trabajo. Deberán cumplir horarios, permanecer en lugares determinados, portar un dispositivo electrónico de monitoreo y participar activamente en los proyectos durante los ocho años establecidos.
La JEP precisó que la sanción no es incompatible con la participación política, pero aclaró que el cumplimiento de las medidas restaurativas prevalece sobre cualquier otra actividad. El seguimiento estará a cargo de la JEP y de la Misión de Verificación de la ONU, mediante visitas presenciales y supervisión en tiempo real.
Sin embargo, la JEP aclaró que la contratación y asignación de recursos corresponde al Gobierno nacional, responsable de garantizar las condiciones necesarias para la ejecución de los proyectos.
En los próximos días, tanto comparecientes como víctimas serán notificados de la decisión, tras lo cual comenzará el proceso de alistamiento para el cumplimiento de la sanción.
Principales hallazgos de la JEP sobre el secuestro
La JEP documentó que la política de secuestros de las FARC se extendió a nivel nacional. Desde 1993 fue utilizada como mecanismo de financiación y, a partir de 1998, se incorporó el secuestro de militares y civiles con el fin de forzar un intercambio por guerrilleros presos, un intento que fracasó.
En todos los casos, el llamado “buen trato” a los cautivos se limitó a mantenerlos con vida, pero bajo condiciones que desconocían por completo su dignidad. Las víctimas permanecían en espacios reducidos, sin servicios sanitarios adecuados y con acceso limitado o condicionado al agua. Muchas veces debían orinar y defecar en el mismo lugar de encierro o en recipientes inadecuados, bajo vigilancia armada. “Ello no solo agravó la insalubridad, sino que constituyó una forma de humillación constante”, señaló el tribunal.La JEP también evidenció que mujeres, menores de edad y adultos mayores sufrieron de manera diferenciada los impactos del secuestro, con secuelas de salud física y mental que persisten hasta hoy.
