Del primero de febrero al primero de mayo de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) recibió un elevado número de quejas relacionadas con la entrega de medicamentos para personas con VIH, principalmente por demoras y negaciones en la entrega de antirretrovirales financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Los reportes coinciden con la entrada en vigor de la Circular 006 de 2025, que obliga a prescribir estos tratamientos a través de la plataforma MIPRES, medida que, según el Ministerio de Salud y Protección Social busca mejorar el control y la disponibilidad.
Desde el primero de abril de 2025, Minsalud exige a los médicos prescribir todos los medicamentos antirretrovirales a través de MIPRES, una plataforma digital diseñada originalmente para reportar tratamientos no financiados por la UPC. Según el Ministerio, con esta medida, anunciada en la Circular 006 de 2025, el objetivo es garantizar un monitoreo más eficaz sobre la entrega de medicamentos en Colombia y optimizar el abastecimiento del tratamiento para el VIH.
Sin embargo, a más de cuatro meses de su implementación, profesionales de la salud y personas diagnosticadas con VIH, indican que esta exigencia, en lugar de facilitar el acceso a los tratamientos antirretrovirales, ha generado barreras burocráticas que comprometen la adherencia al tratamiento y afectan negativamente la salud mental.
En Voces Francas recibimos el testimonio de un paciente con VIH, cuya identidad protegemos por confidencialidad. Él asegura que antes de la implementación del MIPRES, sus consultas eran trimestrales y recibía medicamentos para cubrir tres meses. Luego, empezó a lidiar con retrasos en la entrega de su tratamiento antirretroviral (TAR).
“Desde que salió el MIPRES, me toca tener teleconsultas mensuales, cuadrar con la farmacia el envío del medicamento y a veces no lo entregan, por eso me toca ir a reclamarlo cada mes, cuando antes solo iba 4 veces al año por la trimestralidad”.
“Esto coloca muchas barreras para los pacientes que viven fuera de las ciudades”, agregó.
Y es que, lo que para algunos puede parecer un simple trámite digital, para muchas personas que llevan su tratamiento antirretroviral significa alterar completamente sus rutinas de cuidado. Y, sobre todo, un riesgo. “No es lo mismo quedarse sin medicamento para la hipertensión que para el VIH. Cualquier interrupción puede generar farmacorresistencia”, explica la doctora Ángela Arévalo, nutricionista y candidata a doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
Dicha resistencia a los medicamentos antirretrovirales ocurre cuando el virus muta y deja de responder al tratamiento, lo que obliga a que los pacientes cambien de esquema, muchas veces hacia opciones más costosas, menos disponibles o con más efectos secundarios.
¿En dónde están las barreras?
Tras anunciar la medida, Minsalud la defendió argumentando que MIPRES permitiría rastrear con precisión la entrega de dolutegravir, el medicamento principal del esquema TLD (tenofovir + lamivudina + dolutegravir), cuyo uso fue liberado mediante una licencia obligatoria en 2024. El objetivo, aseguran, es reducir su precio y evitar el desabastecimiento.
Según la resolución, el medicamento debe ser dirigido prioritariamente a población migrante regular, personas recién diagnosticadas, pacientes con falla virológica y casos de profilaxis postexposición. Pero para quienes ya estaban en tratamiento, este cambio generó grandes dificultades para que miles de pacientes recibieran sus medicamentos completos y a tiempo.
Voces Francas a través de una tutela interpuesta a la Supersalud conoció que, en tres meses, del primero de febrero al primero de mayo, 945 personas presentaron reclamos formales por fallas en el acceso a antirretrovirales. De estos, 874 corresponden a medicamentos financiados por la UPC, es decir, a esos medicamentos que hacen parte del plan de beneficios y, por lo tanto, deberían entregarse de forma automática. Otros 68 casos estaban relacionados con medicamentos no financiados por la UPC, que usualmente se gestionan mediante la plataforma MIPRES, y tres más tenían que ver con solicitudes de reembolso.
Esto quiere decir que el 92 % de los 945 reclamos estuvieron relacionadas con medicamentos que, en teoría, no deberían tener dificultades al tramitarlos. El problema, entonces, no estaría en los tratamientos especiales ni en las tecnologías no cubiertas, sino en esos tratamientos que son los más comunes, los que muchos pacientes necesitan de forma regular para mantener su tratamiento.
Supersalud en la respuesta que proporcionó a Voces Francas, también asegura que el 93 % de esos casos ya aparecen cerrados en sus registros, pero el hecho de que casi mil personas hayan tenido que presentar una queja en solo tres meses indica que el sistema no está funcionando o respondiendo como debería.
De estos reportes, también se conoció que los reclamos están distribuidos entre las principales EPS del país como lo son la Nueva EPS, la cual acumuló 248 quejas, seguida por Sanitas con 118, Sura con 96, Salud Total con 83 y Compensar con 76. Estas cinco entidades suman más de la mitad de los reclamos.
Para algunos activistas, la raíz de este problema recae en la forma en que se está aplicando esta herramienta administrativa que, aunque no es nueva, ahora se usa de forma más restrictiva. Miguel Ángel López, periodista, activista y cofundador de la organización Más Que Tres Letras, aseguró que “Esta no es una herramienta nueva, pero su uso obligatorio para medicamentos financiados por la UPC es problemático. Antes solo se usaba para tecnologías no cubiertas. Ahora se exige también para antirretrovirales comunes”.
Miguel recibió su diagnóstico hace más de diez años y desde entonces, ha trabajado en visibilizar las luchas y barreras, muchas de ellas, del sistema de salud. En ese camino, comenta, ha conocido testimonios de personas afectadas por la nueva medida.
“Vemos que el problema es muy variable, algunos tienen más suerte que otros. Me han dicho que EPS, como Famisanar, entregan el medicamento el mismo día. En otras, como Sura, te dicen que se demora dos días. Pero esos dos días no siempre se cumplen. Hay personas esperando tres semanas”, afirma.
La doctora Arévalo coincide en que hay barreras y todos no corren con la misma “suerte”. Hay pacientes que deben desplazarse a cientos de kilómetros para ir a su cita sin la certeza de si regresarán o no con su medicamento. “El MIPRES introduce una barrera burocrática innecesaria. No todas las personas viven en ciudades principales. En zonas como Chocó, Amazonas o La Guajira, donde hay menor cobertura, estas trabas son aún más graves. Muchas veces, los pacientes deben viajar días para recibir atención”, dice la doctora experta en Salud Pública.
En la discusión entra un tema no menor y es la salud mental. Según Miguel, cuando no se tiene acceso al tratamiento, la ansiedad se dispara y crece el miedo de perder el control, de volver a ser detectable, de no saber qué pasará.
Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) ya han manifestado que las personas con el VIH están expuestas a un alto riesgo de tener algunos trastornos de salud mental por causa del estrés relacionado con la infección por el VIH. Especifican, por ejemplo, que las personas con el VIH tienen el doble de probabilidad de desarrollar depresión en comparación con las personas que no lo tienen.
Los rezagos podrían seguir
La Supersalud, ante la petición de información que se hizo, también dio a conocer que existe una investigación en curso, un archivo y dos sanciones con multa a prestadores que incumplieron la entrega oportuna de antirretrovirales. Además, recordó que la Circular 017 de 2025 obliga a las EPS a entregar el medicamento de manera inmediata una vez prescrito en MIPRES, sin exigir trámites adicionales. Pero lo que ocurre en la práctica es distinto porque, como bien lo muestran los reportes, hay fallas en las entregas y mientras tanto, los pacientes quedan en medio de un limbo burocrático que afecta sus tratamientos, los cuales dependen de la continuidad.
Ante esta situación, la doctora Arévalo sugiere algunas medidas para avanzar en el acceso oportuno. “El MIPRES no es necesario. Los antirretrovirales deberían darse por autorización automática como ya se estaba manejando y se debería apostar al fortalecimiento de las rutas de atención, especialmente en zonas rurales y las más vulnerables, si se quiere avanzar en la lucha contra el VIH”.
La advertencia no es menor, teniendo en cuenta que el país podría seguir alejándose de los compromisos internacionales en respuesta al VIH. Según ONUSIDA, Colombia ha retrocedido en las metas 95-95-95 que apuntan a que el 95 % de las personas con VIH puedan conocer su diagnóstico, que el 95 % de ellas acceda a tratamiento, y que el 95 % de quienes reciben tratamiento logren una carga viral indetectable.
“Actualmente, estamos al 93% en el conocimiento del diagnóstico y en el acceso al tratamiento baja considerablemente al 85%, por lo cual no vamos a alcanzar ese tercer objetivo del 95%”, enfatiza la doctora Arévalo.
Esto no solo estaría comprometiendo la salud de los pacientes VIH positivos/as, pues también incrementa el riesgo de transmisión y presión sobre un sistema de salud que ya muestra signos de agotamiento.
Nota aclaratoria
La información presentada en este artículo fue obtenida a través de una tutela interpuesta ante la Superintendencia Nacional de Salud, debido a las demoras en la entrega de datos solicitados por este medio mediante un derecho de petición. Los registros corresponden únicamente hasta mayo de 2025.
Por esta razón, no es posible afirmar si la situación ha mejorado, permanece igual o, por el contrario, ha empeorado.
En Voces Francas seguimos acompañando este tema. Si has enfrentado retrasos en la entrega de tus medicamentos antirretrovirales, te invitamos a escribirnos para continuar visibilizando y haciendo seguimiento a esta situación.
