La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sancionó con ocho años de trabajos restaurativos a 12 exmilitares del Batallón “La Popa” de Valledupar (Cesar), responsables de 135 ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate. La decisión hace parte del macrocaso 03: “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
Se trata de la primera sentencia del tribunal de justicia transicional por asesinatos extrajudiciales de civiles —mal llamados falsos positivos— dentro del subcaso Costa Caribe. La JEP determinó que los exmilitares cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 135 civiles, de los cuales 13 aún no han sido identificados.
Los 12 sancionados son: Guillermo Gutiérrez, Carlos Lora, Elkin Burgos, Elkin Rojas, Efraín Andrade, Manuel Padilla, José de Jesús Rueda, Eduart Álvarez, Juan Soto, Yeris Gómez, Alex Mercado y Heber Gómez.
Aunque la JEP había imputado a 15 exmilitares, tres no reconocieron su responsabilidad y se enfrentarán a juicio en la justicia ordinaria, donde podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión en caso de ser hallados culpables. Entre ellos está el coronel (r) Publio Hernán Mejía.
Proyectos restaurativos
Los 12 exmilitares sancionados deberán trabajar durante ocho años en seis proyectos restaurativos:
- Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe.
- Centro de Armonización para el Buen Vivir del Pueblo Kankuamo.
- Centro Integral Cultural y de Memoria “Homonapa” del Pueblo Wiwa.
- Fortalecimiento productivo multipropósito urbano-rural “Sembradores de amor y paz” en el Consejo Comunitario.
- Casa Multipropósito “Sanando memoria, reconstruyendo vidas”.
- Casa de Cultura Nelson Enrique Romo Romero.
El cumplimiento de la sanción comenzará con el Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe, en Valledupar. Allí deberán residir y tendrán restricción de movilidad dentro del perímetro urbano. En este marco, los exmilitares deberán construir un mausoleo de la memoria con 700 osarios en el cementerio “El Eccehomo” de Valledupar.
Patrones de macrocriminalidad en los falsos positivos
La JEP identificó dos patrones en los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública:
- Asesinatos y desapariciones forzadas con apoyo de paramilitares: cerca de 60 de los 135 homicidios fueron perpetrados en alianza con el Bloque Norte de las AUC, donde se señaló injustificadamente a civiles de ser guerrilleros o delincuentes comunes.
- Homicidios de civiles para inflar resultados operacionales: en este patrón, las víctimas eran engañadas con falsas promesas de trabajo o dinero, luego asesinadas y presentadas como bajas en combate. Muchas no vivían en la Costa Caribe, lo que dificultó su identificación.
Según la investigación de la JEP, la mayoría de las víctimas eran jóvenes entre los 18 y 34 años que trabajan en el campo o en el sector informal. Además, concluyeron que los hechos afectaron de forma desproporcionada a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, explicó que algunas víctimas fueron obligadas a vestir uniformes militares, permanecieron detenidas durante horas o días, fueron torturadas y posteriormente asesinadas. A varias se les destruyó su documento de identidad, lo que facilitó su desaparición forzada.
El tribunal concluyó que estos actos no fueron hechos aislados ni atribuibles únicamente a conductas individuales: hicieron parte de una práctica sistemática y generalizada en un contexto de presión por mostrar resultados.
Al iniciar, los magistrados depositaron la sentencia dentro de una mochila de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta —Wiwa, Kankuamo, Arhuaco y Kogui—, comunidades que fueron víctimas recurrentes en este caso.
Por último, la JEP exhortó al gobierno a condenar públicamente estos crímenes y a declarar un día nacional en honor a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
