La Ley 2453, sancionada en abril de 2025, busca erradicar la violencia política contra las mujeres y asegurar su plena participación. Sin embargo, su aplicación enfrenta un contexto donde persisten prácticas machistas tradicionales que refuerzan estereotipos y violencias de género. En el Chocó, la Corporación Humanas desarrolló un proyecto que demuestra cómo la formación política puede fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres para enfrentar esta realidad.
Para Leslie Paz Jaramillo, investigadora de la Corporación Humanas, esta Ley “es una respuesta necesaria frente a años de silencios, invisibilización y obstáculos que han condicionado la participación política de las mujeres (…). Cuando una norma de esta naturaleza emerge, se abre un espacio simbólico de legitimación para las mujeres que han vivido violencias”.
Lo cierto es que la violencia contra las mujeres en la política (VCPM) en Colombia requiere un abordaje inmediato. De acuerdo con la ponencia del proyecto de Ley 2453, cerca del 64% de las mujeres que ocupan cargos de elección popular han sufrido conductas relacionadas con la violencia política. Según un estudio de ONU Mujeres (2023), las mujeres representan menos del 20% de los cargos de elección popular
Frente a este panorama, la Ley estableció medidas específicas para prevenir, atender, rechazar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres en la política, en distintos niveles: procesos electorales, liderazgos sociales y funciones públicas. Su finalidad es garantizar el derecho de las mujeres a ejercer sus derechos políticos sin discriminación, con libertad de expresión y libres de estereotipos de género que limiten su participación.
Además, otorgó un plazo de seis meses a los partidos y movimientos políticos para que adecuaran sus estatutos, códigos de ética y procedimientos internos con el fin de atender la VCPM. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), para el 2 de octubre —fecha límite del plazo— sólo dos colectividades no habían presentado reformas o actualizaciones en esta materia.
Este punto representa un reto, pues advierte que los partidos pueden adecuar sus estatutos internos sin transformar las dinámicas de poder. “El cambio real demanda que los partidos se reconfiguren internamente, no que simplemente pasen un manual”, señala Leslie Paz.
Reconocer todas las formas de violencia
La Ley define la VCPM como toda acción o conducta basada en el género que cause daño o restrinja los derechos de participación política y reconoce múltiples manifestaciones de violencia: psicológica, digital, simbólica, económica, física y vicaria.
Para Leslie Paz, que la Ley reconozca estos diversos tipos de violencia es un gran avance porque permite detectar formas más sutiles y menos visibles de agresión. “Por ejemplo, la deslegitimación pública, la censura digital o la instrumentalización del cuerpo. Esta diversidad tipológica abre espacio para entender que no todo debe medirse por golpes o amenazas explícitas: la subordinación simbólica también hiere y excluye”, señala.
“Juntas somos poderosas” una apuesta para garantizar la participación política de las mujeres en el Chocó
“Juntas somos poderosas” es un proyecto de la Corporación Humanas que buscó promover el liderazgo social, político, cultural y organizativo de las mujeres chocoanas, con el objetivo de fortalecer su participación en los procesos democráticos y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz a escala municipal y departamental.
El capítulo del Chocó de este proyecto mostró la importancia de la formación política de las mujeres para garantizar su participación. La corporación realizó desde 2023 cuatro Escuelas de Formación en los municipios de Bahía Solano, Carmen de Atrato, Istmina y Medio San Juan, donde participaron más de 150 mujeres.
“Se diseñó e implementó una estrategia que permitió aumentar y promover la presencia, participación y visibilidad de las mujeres en los espacios públicos y privados de toma de decisiones en los ámbitos político, económico y social de los municipios priorizados”, señala la investigadora de Humanas. Además, explica que el proyecto incluyó herramientas de autocuidado, protección y comunicación.
Cleidy Bejarano, concejala del municipio de Bahía Solano, fue una de las beneficiarias del proyecto y relata cómo experimentó la violencia política durante su primer periodo en el Concejo.
“Al inicio, la incertidumbre de no saber qué hacer me hizo pensar en renunciar. Gracias a Dios toqué puertas con instituciones y presenté la respectiva denuncia (…) se logró fallar a favor mío y la persona recibió una sanción de seis meses en su ejercicio como concejal”.
Leslie Paz asegura que la Ley requiere una transformación social, política y cultural. “No se trata de imponer una implementación uniforme, sino de adaptar los protocolos y rutas al contexto, a las realidades territoriales —urbanas, rurales o de zonas con conflicto—, con la participación de las mujeres locales, sus lideresas, sus relatos y saberes”, concluye.
Esta nota fue realizada en colaboración con la Corporación Humanas, para conocer más sobre la Organización y sus proyectos pueden visitar su página web https://www.humanas.org.co/
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