El proyecto de Ley 321 de 2024, más conocido como Ley Olimpia, fue aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes el pasado primero de octubre. La iniciativa busca reconocer las violencias sexuales digitales y establecer sanciones penales. Sin embargo, la coalición “Libres y conectadas” advierte que, aunque se trata de una propuesta necesaria, su formulación podría limitar su alcance y efectividad.
La Ley Olimpia pretende modificar la Ley 1257 de 2008 para incluir dentro de su alcance la violencia sexual digital y fijar sanciones penales para quienes difundan, compartan o produzcan contenidos íntimos de carácter sexual sin consentimiento. Precisamente, su carácter exclusivamente penal es uno de los principales cuestionamientos que realiza la coalición “Libres y conectadas”, conformada por la Fundación Karisma, FLIP, El Veinte, Artemisas y la Red Nacional de Mujeres.
Para Catalina Moreno, directora de la Fundación Karisma, aunque es necesario incorporar el delito en el Código Penal, también deben contemplarse otras medidas complementarias, como la justicia restaurativa y la atención psicosocial.
“Incluir el delito en el Código Penal debería abrir la puerta a la justicia restaurativa. Pensarnos incluso otras medidas podría implicar la creación de herramientas para prevenir la desescolarización. Aunque suene utópico, no estaría mal imaginar estrategias para que las víctimas no tengan que abandonar sus estudios a causa de una conducta de violencia digital”, explica Moreno.
La directora enfatiza que la experiencia ha demostrado que la ruta judicial no siempre es accesible, adecuada ni reparadora.
“En la viralidad del internet también existe la dificultad de identificar a los responsables o, en algunos contextos, de enfrentarse a que el agresor sea un actor armado ilegal. Todo eso plantea la necesidad de hablar de justicia restaurativa, algo que no está contemplado en el proyecto”, añade.
Otra preocupación señalada por la coalición es que el proyecto no incluye a personas con orientaciones sexuales e identidades diversas, quienes también pueden ser víctimas de este tipo de violencia.
“Los sujetos de la violencia no son solo mujeres cis, y eso nos parece problemático. El proyecto deja por fuera la afectación de género que puede tener la violencia digital”, señala Moreno.
Este vacío, según la coalición, desconoce la sentencia T-280 de 2022 de la Corte Constitucional, que exhortó al Congreso a legislar desde una visión integral que incluyera no solo la penalización, sino también la prevención, protección, reparación y prohibición de la violencia de género digital.
Asimismo, advierten que clasificar la difusión de imágenes o videos íntimos únicamente como un atentado contra la intimidad sexual resulta una visión reduccionista que desconoce el daño a la integridad y autonomía sexual.
“Cuando se difunde un video que no quieres que otra persona vea, lo que se termina afectando es tu libertad y autonomía sexual, más que la intimidad. Y ese es un bien jurídico con una protección mayor dentro del ordenamiento jurídico”, explica Catalina Moreno.
Cuestionamientos a otro proyecto en el Senado
La directora de Karisma también se refirió al proyecto de Ley 247, actualmente en discusión en el Senado, el cual buscaba “adoptar medidas de sensibilización, prevención, protección, reparación y penalización de la violencia de género digital”. Sin embargo, señala que el texto fue modificado, eliminando toda la categoría de género y el enfoque diferencial.
“Al hacerlo, y ampliar de forma genérica la definición de violencia digital, se neutraliza el mandato de reconocer que las mujeres son las principales víctimas de estas violencias. La nueva ponencia también elimina la tipificación del delito de difusión de material íntimo sexual, debilitando la respuesta frente a una de las formas más extendidas de violencia digital, y desmantela el enfoque restaurativo que el proyecto buscaba garantizar a las víctimas”, se lee en un comunicado difundido por la coalición Libres y conectadas.
En resumen, advierten, la nueva versión desconoce el enfoque de género, limita la reparación a las víctimas, elimina principios de libertad e interés público y abre peligrosas puertas a la censura.
Una ley con enfoque interseccional y restaurativo
Para la coalición, el país necesita una ley que parta de una mirada interseccional, que reconozca la violencia de género digital como una manifestación contemporánea de desigualdades estructurales, y que articule mecanismos de prevención, educación, atención integral y justicia restaurativa.
“Necesitamos una ley que escuche a las víctimas, que no las revictimice y que entienda que el entorno digital, como cualquier otro, debe ser un espacio de dignidad, autonomía y libertad para todas las personas”, concluye la coalición.
