La rutina de Claudia Oliveros cambió hace seis meses. Dejó de ir a trabajar para recorrer las calles de Bogotá con la foto de su hija desaparecida. Se niega a rendirse y se aferra a encontrarla. Como ella, cientos de familias repiten la misma búsqueda cada día en la ciudad. En los últimos cinco años, más de seis mil personas han sido reportadas como desaparecidas. En 2025, cinco personas al día no regresaron a su hogar. Mientras las familias siguen buscando, denuncian negligencias, vacíos institucionales y respuestas que llegan demasiado tarde.
Pegar carteles de búsqueda. Recorrer calles enteras. Hablar con vecinos. Revisar cámaras de seguridad. Seguir una pista, por ilógica que parezca. Asistir a plantones. Volver, una y otra vez, a la Fiscalía en busca de respuestas.
Así transcurren los días para cientos de familias que buscan a sus seres queridos en Bogotá. Un laberinto solitario que comparten madres y padres que, sin experiencia previa, terminan convirtiéndose en detectives, expertos en seguridad y conocedores de una ciudad que recorren sin descanso
A corte de noviembre del 2025, según cifras de Medicina Legal, 2050 personas fueron reportadas como desaparecidas en Bogotá, de las cuales 1019 continúan desaparecidas. Aunque la cifra presentó una leve disminución frente al 2024, con 1169 personas desaparecidas, preocupa el aumento en los últimos años.
Claudia Oliveros y Esther Mora no se conocían antes de la desaparición de sus hijos. Sus caminos se cruzaron en plantones frente a la sede principal de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, donde cada uno sostenía un cartel con el rostro de su hijo e hija.
Claudia Oliveros fue la última en sumarse a esas jornadas. Su hija, Ayelen Sofía de 16 años, desapareció el 9 de agosto de 2025 en la localidad de Chapinero, seis meses después no tiene ninguna pista que permita dar con el paradero de la menor.
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La tarde del sábado 9 de agosto, Ayelen Sofía Paéz se encontraba en su casa, ubicada en Chapinero, estudiando para las Pruebas Saber que realizaría al día siguiente. Claudia recuerda haberla dejado acostada, descansando, cuando salió sobre las 5:30 p. m. a comprar comida para la cena. Cuando regresó, Ayelen ya no estaba en su vivienda.
“Yo pensé que había salido a comprar algo a la tienda, algún antojo de los que solía tener. Pero cuando ya habían pasado más de 30 minutos y no regresó, me preocupé y la llamé a su celular. Estaba apagado”, asegura.
Minutos después de salir de casa, Ayelen se comunicó con una amiga. Le dijo que la quería mucho y que, por favor, le dijera a su mamá que también la quería. Fue la última vez que alguien cercano escuchó la voz de la menor.
La última pista clave que tuvieron llegó diez días después. Una cámara de seguridad la vio caminar, al día siguiente de su desaparición, sobre las 2:30 de la mañana en la localidad de Kennedy, exactamente por la Avenida Primera de Mayo. Para entonces, el tiempo transcurrido había reducido drásticamente las posibilidades de seguir una pista clara.
El video generó más dudas que respuestas. Para Claudia, Ayelen no conocía a nadie en la localidad y nunca había estado por esa zona; por lo que no podía entender que haría a esas horas de la madrugada caminando por una zona que se ha caracterizado por sus cifras de inseguridad. Ello, sumado a la repentina eliminación de las redes sociales de la menor, alimentó la hipótesis en la familia de que Ayelen no salió por voluntad propia.
El caso de Ayelen refleja una realidad alarmante en la ciudad: las niñas y adolescentes entre los 14 y los 17 años son el grupo más afectado por las desapariciones. En los últimos cinco años, por cada niño o adolescente reportado como desaparecido en Bogotá, se registraron cerca de tres niñas o adolescentes en la misma situación. El panorama es aún más preocupante al observar que, del total de niñas desaparecidas en ese periodo, el 34 % continúa sin ser ubicada. Solo en 2025, de 158 niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas, no se tiene información sobre su paradero.
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En las desapariciones, el tiempo es el peor enemigo. Mientras las horas pasan, las posibilidades se reducen. Por eso, Claudia supo que tenía que actuar rápido. Denunció inmediatamente, pero las horas transcurrieron sin una respuesta clara.
En Colombia, desde el 2023 existe la Alerta Rosa, un sistema de emergencia nacional diseñado para difundir de manera inmediata la información de niñas, niños, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas. Su activación busca que todas las personas se enteren de la desaparición en las primeras horas del reporte.
En el caso de Ayelen, esa alerta nunca se emitió.
Para Pablo Cala, defensor de los derechos humanos y director de la Fundación Hasta Encontrarlos, esa falla no es aislada. “Lamentablemente en Colombia tenemos una precaria acción, tanto en materia de prevención, como en materia de búsqueda. Por ejemplo, de las 30 mil desapariciones de los últimos 9 años la Fiscalía ha activado únicamente 4500 mecanismos de búsqueda urgente. Además, las cifras son muy precarias respecto a las personas encontradas con vida o las encontradas fallecidas y el universo de personas desaparecidas sigue siendo muy alto”
Según las cifras suministradas por Medicina Legal, a noviembre del 2025, 62 personas aparecieron muertas, 58 hombres y 4 mujeres; 969 aparecieron vivas y de 1019 personas no se conoce información sobre su paradero. En los últimos cinco años, 14058 personas fueron reportadas como desaparecidas en la ciudad, de las cuales el 50% aún continúa desaparecida y el 3% fue encontrado muerto o muerta en la capital del país.
La falta de reacción de las autoridades no distingue edades, ni territorios. Otras familias, en distintos puntos de la ciudad, han enfrentado el mismo silencio desde el primer momento en que denuncian la desaparición de un ser querido.
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La madrugada del 8 de junio de 2025, Juan Pablo Icabuco Mora dejó su carro en el parqueadero de siempre en Chuniza, Usme. Era una parada rutinaria antes de caminar las cuatro cuadras que lo separaban de su hogar. Nunca llegó.
La familia de Juan Pablo notó su desaparición en horas de la mañana cuando su padre se dirigió al parqueadero, donde además guardaban el taxi en el que él trabajaba. “El muchacho del parqueadero me dice “Don Pablo, ¿Se irá en el particular? Y yo le respondo que no, porque Juan Pablo no llegó anoche a la casa. A lo que me dice que sí, que él llegó sobre las 3:30 y dejó el carro. Yo de una vez llamé a Esther a preguntarle por él” expresa Pablo Icabuco.
Cuando Esther recibió la llamada de su esposo, fue de inmediato a la habitación de su hijo. Tal como lo sospechaba, no había llegado a dormir. Decidió tomar las cosas con calma. Juan Pablo siempre avisaba si no regresaría a casa y pensó que quizá estaría con alguno de sus primos o en casa de un amigo. Pero hacia las 11 de la mañana, al no responder el teléfono, la preocupación comenzó a crecer.
Su padre salió con afán en su taxi y se dirigió a tres diferentes CAI: primero al de Santa Librada, luego al de Yomasa y finalmente al del Virrey. En todos recibió la misma respuesta: debía esperar 72 horas para denunciar.
“En ninguna parte de la norma dice eso, en ninguna parte. Eso solo hace parte del imaginario colectivo. Las autoridades tienen que responder inmediatamente porque las primeras 24 horas son fundamentales para encontrar a alguien, y principalmente, encontrarlo con vida” señala Pablo Cala.
Ante la falta de acción de las autoridades, la familia de Juan Pablo decidió buscar por su cuenta. Recorrieron hospitales, volvieron a los lugares que había visitado antes de desaparecer, fueron a Medicina Legal, difundieron su cartel de búsqueda por redes sociales y salieron a las calles a repartir volantes.
Con el paso de los días, algo empezó a inquietarlos. Los volantes que colocaban en la mañana en los postes y paredes del barrio, ya no estaban cuando llegaba la noche. Para ellos, alguien los quitaba. La situación comenzó a volverse más compleja cuando el padre de Juan Pablo fue amenazado.
Semanas después de la desaparición de su hijo, salió como de costumbre en su taxi a recorrer las calles de Usme en busca de alguna pista. Mientras manejaba, recibió una llamada de unos hombres que le dijeron que lo estaban esperando en un lugar que él solía frecuentar. Al llegar, dos jóvenes lo increparon.
“¿Usted es el papá de Juan Pablo? Es mejor que se esté quieto y deje de buscar”, luego se fueron del lugar.
Preocupados, los padres de Juan Pablo informaron lo ocurrido a los investigadores de la Fiscalía 54, encargados del caso. No obtuvieron respuesta.
“Él -investigador- me dice: pues no vuelve a subir -a los barrios donde buscaba-. Entonces yo me puse bravo y le dije: ¡Es que es mi hijo! Yo les estoy haciendo el trabajo a ustedes. Yo vengo acá, les digo que toca hacer, qué podemos hacer y ustedes no hacen nada” menciona con impotencia Pablo Icabuco.
Desde que Juan Pablo desapareció, su caso ha pasado por cinco fiscales distintos y tres investigadores del CTI. Siete meses después, ninguno ha presentado avances significativos. La familia denuncia que no se entrevistó a varias personas que estuvieron con él antes de desaparecer ni se trianguló la información de su teléfono. Gran parte de los datos recopilados han sido producto de la búsqueda de sus padres.
Ante la falta de respuestas, Esther Mora asiste sin falta todos los viernes a las oficinas del CTI de la Fiscalía.
“Las respuestas que me dan es que hay miles de casos. Una de las últimas investigadoras me abrió un clóset donde guardan los archivos y me dijo: ‘mire, hay miles de casos, no es solo su hijo’. Yo le respondí: ‘A mí no me interesan los miles de casos que tienen. Yo no estoy buscando un par de zapatos, estoy buscando a mi hijo’”, relata.
La historia de Juan Pablo no es una excepción dentro de la ciudad.
¿Dónde se concentran las desapariciones en Bogotá?
Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Santa fe y Suba concentran el mayor número de casos de desaparición en Bogotá. De acuerdo con Ricardo Amortegui, experto en seguridad y Coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, hay dos factores explican esta situación: el alto número de habitantes y la presencia de estructuras delincuenciales que ejercen control territorial.
“En Bogotá se tiene reporte de bandas que tercerizan y contratan bandas más locales, por ejemplo los Venecos, los Costeños y los Paisas. Son bandas que al final también terminan trabajando para las disidencias de las FARC, para el Clan Del Golfo y para el ELN y operativizan sus economías ilegales mediante el microtráfico y el narcotráfico en la ciudad. Pero también, realizan ajustes de cuentas y control territorial en varias localidades de Bogotá” señala Amortegui.
Sin embargo, las cifras oficiales no alcanzan a dimensionar completamente el fenómeno. Amortegui advierte que existe un subregistro significativo, especialmente en poblaciones que no cuentan con una red de apoyo sólida, como los habitantes de calle. “Este subregistro también puede ser resultado de la operación de estas bandas criminales en la ciudad”, señala.
A esta dificultad se suma otra distorsión en la lectura de los datos. Pablo Cala, director de la Fundación Hasta Encontrarlos, explica que el lugar donde se reporta una desaparición no siempre coincide con el sitio donde ocurrió. “Cuando hay un reporte en Suba, por ejemplo, no significa necesariamente que la desaparición haya ocurrido allí. En muchos casos, lo que queda registrado es el lugar de residencia de la persona que hace el reporte”, aclara.
Como lo menciona Pablo Cala, hay un gran porcentaje de desapariciones donde no se tiene reporte del lugar, ni la localidad. Las cifras reportadas por Medicina Legal muestran que de los 14 mil casos, 1019 no se tiene información del lugar de la desaparición.
Esta situación también se replica en las cifras de personas desaparecidas tanto en Bogotá como en Cundinamarca. Para Cala, muchos de estos casos están relacionados con desplazamientos forzados o con personas que tuvieron que salir de su territorio y solo al llegar a la ciudad reportaron la desaparición. “Eso hace que el fenómeno sea aún más difícil de rastrear y atender”, añade.
Para contrastar esta información, el equipo de Voces Francas intentó contactar a entidades como la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. Hasta la fecha de publicación de este texto, no se obtuvo respuesta. La dirección de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad aseguró que el tema no era competencia de ellos.
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El 2026 comienza para muchas familias en Bogotá sin respuestas. La vida sigue, pero no de la misma manera. La ausencia se instala en los gestos cotidianos: un plato que no se sirve, un mensaje que no llega, una llamada que nunca suena.
Aun así, quienes buscan no se rinden. Entre la incertidumbre y el cansancio, mantienen la esperanza de volver a encontrarlos. Por eso, siguen enviando mensajes que quizá algún día sean escuchados.
“Lo estoy esperando para verlo cumplir sus sueños, de manejar una turbo, manejar un camión, manejar una mula, manejar hasta un avión. Que Jorge -su hermano menor- lo está esperando para que lo lleve al estadio y que recuerde que si ha tenido algún problema, entre los cuatro salimos adelante”
“Yo lo amo mucho. Lo estoy esperando en la casa con los brazos abiertos, cualquier cosa que esté pasando nosotros lo entenderemos. Nos hace mucha falta, mucha … (llanto)”
