A inicios de febrero, Córdoba vivió una de las inundaciones más graves de la última década. Aunque el fenómeno tuvo un origen climático, la magnitud del desastre no fue únicamente natural. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) señala que la hidroeléctrica Urrá activó hasta dos horas tarde el sistema de alertas, un retraso que se suma a fallas en la respuesta institucional y a transformaciones del territorio que amplificaron sus impactos.
“Aquí nadie nos vino a avisar, aquí no sonó ninguna alarma. Nosotros corrimos porque el agua nos echó; la gente salió despavorida de sus casas a salvar su vida”, así recuerda Roger Higuita, un líder social de Tierralta, Córdoba, la madrugada del 1 de febrero, cuando su vereda quedó bajo el agua. El día anterior notó que el río estaba más crecido de lo habitual y, aunque se preocupó, asumió que se debía a las intensas lluvias que llegaron en una época en la que se habían acostumbrado al “verano”.
Durante la noche se mantuvo en estado de alerta, esperando que el agua no llegará a las casas de la vereda. Pero en la madrugada del domingo la verdadera odisea comenzó cuando, en cuestión de segundos, el agua alcanzó sus rodillas y corrió a socorrer a sus vecinos, que intentaban salvar algunos de sus enseres. A medida que la corriente crecía, Roger notaba cómo varias casas quedaban reducidas a escombros y, frente a la tragedia, lo único que podían hacer era salvar sus vidas. Ante la desesperanza de no poder hacer más por ellos, utilizó su casa como refugio que construyó lo más alejada posible del río.
“Todas las casas a orillas del río quedaron destruidas. Ahí no hay nadie. Todo quedó en escombros. No pudieron sacar ni las gallinas, porque acá nadie vino a avisar, nadie corrió y dijo: ‘vean, la corriente del río está creciendo’”, señala con indignación Roger.
Esa madrugada, la hidroeléctrica Urrá liberó más de 1.600 metros cúbicos por el rebosadero hacia el río Sinú, producto de las lluvias intensas que entidades señalaron como una consecuencia del “frente frío”. La tragedia afectó a 24 de los 30 municipios de Córdoba, dejando más de 170.000 personas damnificadas, 113.000 hectáreas inundadas, 1.766 viviendas destruidas y más de 4.000 viviendas no habitables.
El sistema de alerta temprana que reclama Roger hace parte de la sanción que aperturó la ANLA hacia la hidroeléctrica. La sanción, conocida por Voces Francas a través de un derecho de petición, detalla un presunto incumplimiento en la activación de los niveles de alerta establecidos dentro del Plan de Gestión del Riesgo de empresas públicas y privadas.
Este sistema de alerta se clasifica de acuerdo con el nivel del embalse y las consecuencias que podría generar; por lo tanto, se divide en amarillo, naranja y rojo, y en alertas operativas y comunitarias, siendo estas últimas las encargadas de dar aviso a las comunidades aledañas a la represa.
En la sanción “SAN 0012-00-26”, la ANLA señala que hubo demoras en la declaración de las alertas naranja y roja, lo que redujo el tiempo de reacción de los organismos de emergencia y de las comunidades en riesgo.
Según la autoridad ambiental, la alerta naranja debió declararse a las nueve de la mañana del 1 de febrero, cuando el embalse alcanzó los 130,022 msnm. Sin embargo, Urrá reportó su divulgación dos horas después, cuando la situación ya se había materializado. “Se evidenció un presunto incumplimiento frente a los criterios establecidos para la activación oportuna de las alertas comunitarias”, indica el documento.
El Plan de Gestión del Riesgo establece que, al activarse la alerta naranja comunitaria, las poblaciones deben iniciar la evacuación hacia puntos seguros previamente definidos. Este nivel incluye, además, la activación de alarmas sonoras, descritas por la empresa como un sonido similar al de una ambulancia, ascendente y descendente cada 10 segundos.
En cuanto a la alerta roja, la ANLA concluye que el comportamiento del embalse mostraba una progresión sostenida hacia un escenario crítico, por lo que debió activarse a las cuatro de la tarde. Sin embargo, la empresa reportó su declaratoria dos horas y media después, lo que, según el documento, implicó “una reducción significativa del margen efectivo de anticipación para la gestión del riesgo aguas abajo”.
Al respecto del plan, este establece que, para ese momento, las comunidades ya deberían encontrarse en los puntos de encuentro.
Voces Francas envió un cuestionario de preguntas a la empresa URRÁ para conocer su posición al respecto, la sociedad no respondió las preguntas y envió una carta firmada por Alejandro Busebio, Secretario General de URRÁ, donde afirmaban que “los asuntos se encuentran actualmente en trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); en la fase que procesalmente se determina como preliminar dentro del proceso sancionatorio, es decir, a la fecha de hoy no hemos tenido la oportunidad procesal de controvertir los argumentos que dieron envío a dicho proceso, es más, no se nos ha notificado ninguna decisión donde se hayan formulado cargos, por lo que no hemos tenido la oportunidad de desplegar el derecho a la defensa”
“Las alarmas nunca sonaron, nadie avisó. Cuando nos dimos cuenta, ya teníamos el agua encima y debíamos salir”, cuenta Tatiana Flores, habitante de Tierralta. La madrugada del primero de febrero, su casa de madera quedó bajo el agua, llevándose electrodomésticos, ropa y muebles.
Su esposo cargó al hombro algunos enseres que logró salvar, mientras ella alistó ropa para su hijo de seis años y lo cargó para atravesar el agua en la madrugada. Desde entonces, vive en un refugio provisional junto a otras familias, durmiendo en hamacas y cocinando con leña. “Nunca nadie nos avisó que esto iba a terminar así”, cuestiona.
Su testimonio coincide con el de otros habitantes de las veredas Nueva Unión 1, Nueva Unión 2, Nuevo Ceibal y Nueva Platanera, quienes aseguran no haber escuchado las alarmas.
En una comunicación enviada a la autoridad ambiental citada en los documentos a los que accedió el medio, URRÁ reconoció que las alarmas no funcionaron durante la emergencia, por lo que optaron por enviar mensajes de voz a través de WhatsApp. Sin embargo, Roger cuestiona esta medida: asegura que no recibió ninguna notificación y que, en medio de la emergencia, la señal era escasa. “La última prioridad era revisar el celular”, dice.
Aunque las lluvias intensas fueron determinantes, por sí solas no explican lo ocurrido. En las horas previas a la emergencia, el comportamiento del embalse ya mostraba un aumento sostenido, en un escenario que exigía la activación oportuna de las alertas y una respuesta coordinada para prevenir el desastre.
No fue un hecho aislado: Urrá ya había operado por encima de los límites
Sentado a orillas del río Sinú, Nelson Triana observa con tristeza los restos de su casa que se llevó la inundación. Intentando recuperar lo poco que le quedó, humedece un trapo en el río y camina un par de pasos hasta lo que queda de su hogar. Allí desenrolla una foto grande del día de graduación de su hija mayor y le limpia el barro que la opaca.
“Yo regresé a salvar las fotos de mis hijos, es la historia de mi familia. No la podía perder” señala Nelson.
Hace algunos años, Nelson construyó su casa en zona rural de Tierralta, Córdoba, a orillas del río sin el más mínimo pensamiento que un día tendría que regresar a limpiar el barro, sacar el agua y buscar que podría recuperarse del desastre. El dolor de perder muebles, colchones y electrodomésticos era menor frente a la idea de permitir que el agua se llevará los recuerdos de su familia.
Aunque las inundaciones han sido frecuentes desde que construyó su casa, asegura que nunca había visto una de tal magnitud. Desde las autoridades nacionales, la primera explicación al fenómeno apuntó a la llegada de frentes fríos en la región.
De acuerdo con el meteorólogo José Daniel Pabón de la Universidad Nacional de Colombia, estos sistemas generan lluvias intensas cuando una masa de aire frío desplaza a una cálida. Este año, explica, el fenómeno se extendió más al sur, afectando el Caribe colombiano.
Las lluvias incrementaron rápidamente el caudal de entrada al embalse de URRÁ. Según la ANLA, en un periodo de 36 horas —entre la madrugada del 1 y el 2 de febrero— el caudal superó en más de cinco veces los valores registrados previamente.
Sin embargo, cuando ese aumento ocurrió, la hidroeléctrica ya operaba por encima de los niveles de la curva guía máxima segura desde hacía 19 días. Esto significa que el embalse tenía menos capacidad disponible para contener el agua que llegaba por las lluvias.
La situación no era nueva. En 2022, la represa operó durante 143 días —el 39 % del año— por encima de esa curva. En 2023 y 2024, el comportamiento se repitió durante 73 días. De acuerdo con información conocida por Voces Francas, la sociedad URRÁ presuntamente incumplió la curva guía máxima en el 20% de los volúmenes diarios del embalse para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
Para el 2025 la situación fue similar. De acuerdo con el auto 939 del 2026, el embalse URRÁ superó la curva guía máxima en 73 días, aproximadamente el 20% del año. Pero el análisis del segundo semestre muestra que la situación tuvo una mayor recurrencia, el embalse operó 53 días por encima del nivel reglamentario, lo que representa el 30% del periodo analizado.
Pero el problema no se limita al nivel del agua almacenada, sino también a la forma en que se liberaba. De acuerdo con los informes de la ANLA, URRÁ ha superado en repetidas ocasiones los límites de descarga establecidos en la regla de operación desde, al menos, 2022.
En el concepto técnico 4580 de ese año, la autoridad evidenció que el 12 de enero la hidroeléctrica descargó 518,39 m³ por segundo, por encima del máximo permitido de 354 m³/s. El comportamiento se repitió en 2023: el 10 de marzo y entre el 20 y el 30 de abril, periodo en el que se alcanzaron descargas de hasta 671 m³/s, superando el límite de 523 m³/s. Situaciones similares se registraron nuevamente entre el 1 y el 3 de diciembre de ese año.
Según el mismo informe, la hidroeléctrica solo justificó uno de estos episodios —el de enero de 2023—, atribuyéndole al incremento en los aportes de agua al embalse.
Sin embargo, como parte de los documentos conocidos por el medio, en el 2022 la Defensoría del Pueblo instó a la ANLA para que le solicitará a URRÁ la actualización de los valores mínimos y máximos de descarga, ya que los mismos se han mantenido sin modificaciones desde el 2010. Por su parte, en el 2021, la ANLA le solicitó a URRÁ que realice un estudio donde contemplen variables como el fenómenos de El Niño y La Niña, diseño de la presa, picos de descarga e influencia en la morfología del río, para determinar la necesidad de actualizar los valores máximos y mínimos de descargas de los caudales.
URRÁ argumentó ante la autoridad ambiental, en los documentos conocidos, que la contingencia del primero de febrero respondió a fenómenos hidrometeorológicos atípicos en la cuenca alta del río Sinú, que incrementaron de forma sostenida los aportes hídricos al embalse. Sin embargo, para el meteorólogo Pabón, el comportamiento del sistema exigía medidas preventivas.
“Ante las advertencias, ellos —URRÁ— debieron implementar el plan de contingencia, que establece el contacto con las comunidades y el sector productivo para advertir de la situación”, señala. La crítica la extiende también a las autoridades departamentales y nacionales.
El 1 y el 2 de febrero se registraron lluvias equivalentes a las que normalmente caen en un mes. Esto llevó a las autoridades a calificar el evento como “atípico”, al presentarse en una temporada históricamente seca. En una entrevista con Caracol Radio, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, afirmó que “era un evento que no era posible prever y que está generando unas afectaciones en centenares de miles de hectáreas”.
Sin embargo, Pabón cuestiona esta afirmación. Señala que desde septiembre el IDEAM había advertido que, para la región Caribe, las precipitaciones en enero y febrero podrían estar hasta un 30 % por encima de lo normal.
“Ahí se estaba lanzando la alerta de la anomalía. En ese momento, tanto las administraciones municipales como los sectores productivos debían prepararse, porque así está organizado el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres”.
Aunque estas acciones no habrían evitado las inundaciones, explica, sí habrían permitido reducir su impacto y las pérdidas.
Un problema también de ordenamiento territorial
Al otro lado de la carretera de la vivienda de Nelson, Rosalba Hernández inspecciona su casa tras las advertencias de sus vecinos: ha habido robos en viviendas desocupadas. Camina entre escombros, muebles volcados y barro, con gasas en las piernas por una cirugía reciente de várices. Siente alivio: de lo poco que le queda, no le han robado nada.
El día de la inundación estaba sola. Días antes, su esposo había sido hospitalizado por un infarto y trasladado a Medellín. “Pero yo me alegro de que no estuviera acá cuando el agua se vino, lo hubiera matado”, recuerda.
Como pudo, llamó a sus vecinos. Entre todos intentaron salvar lo que alcanzaron: subieron colchones al techo de madera, movieron algunos objetos. El resto se perdió. La nevera, el clóset, incluso la puerta principal fue arrancada por la fuerza del agua. Sin un lugar donde vivir, aceptó trasladarse a uno de los albergues temporales habilitados por la alcaldía.
Como su casa, la mayoría de las viviendas en la zona rural de Tierralta, cercanas a la represa, quedaron en ruinas. A lo largo de las carreteras, las familias levantaron refugios improvisados con toldillos, bolsas plásticas y hamacas. Ese es ahora el paisaje: estructuras precarias junto a los restos de lo que el agua no logró llevarse.
Pero la destrucción no solo revela la magnitud de la inundación, sino también un problema estructural: la forma en que se ha ocupado el territorio.
¿Está el país preparado para un ordenamiento territorial alrededor del agua? Para el profesor Erasmus Rodríguez, de la Universidad Nacional, la respuesta es no. Explica que, en lugar de respetar la estructura hídrica, el territorio se ha ocupado en contravía de ella, afectando ecosistemas clave.
En la cuenca del río Sinú, señala, se han perdido las conexiones entre las ciénagas y los ríos, en parte por la ocupación e intervención de estos sistemas. “Eso redujo la capacidad de amortiguamiento de las ciénagas durante las crecientes (…) en el país hay una desarticulación entre los planes de manejo de cuencas y los planes de ordenamiento territorial”, afirma.
Para el hidrólogo, planificar el territorio desde el agua permitiría pasar de una gestión del riesgo reactiva —como la que predomina— a una más preventiva.
Sin embargo, en la práctica, estas directrices rara vez se cumplen. Según la experta en gestión del riesgo Carolina García, en una columna publicada en la Silla Vacía de los 30 municipios de Córdoba, solo el 11 % incorpora la gestión del riesgo como un criterio para el uso del suelo, pese a lo establecido en el Decreto 1807 de 2014.
Nelson no soportó más de dos días viviendo en un refugio, añoraba el hogar que con tanto esfuerzo construyó. Pero está vez regresó solo. Sabe que no está a salvo, por eso baja con frecuencia al río a medir la creciente. A la primera señal de alerta sabe que tendrá que salir de su casa y de nuevo dejar todo atrás.
Mientras tanto Roger alberga a varias familias sin hogar en su casa, sabe que aunque el agua bajó, la tragedia apenas comienza.
