Los cinco candidatos y candidatas presidenciales principales comparten tres vacíos críticos: ausencia de propuestas en derechos sexuales y reproductivos, mecanismos débiles contra violencias de género, y ausencia del cuidado como derecho autónomo. Así lo evalúo un panel de expertas.
El 31 de mayo Colombia elige al sucesor o sucesora de Gustavo Petro, o a quienes se enfrentarán en segunda vuelta para ocupar la Casa de Nariño. Esta campaña ha brillado por la ausencia de debates entre los tres punteros en las encuestas y por un silencio compartido: ¿Cuál es la agenda de género de las candidaturas?
Según el Observatorio de Feminicidios Colombia y la Defensoría del Pueblo, 2025 cerró con más de 700 feminicidios. La Mesa por la Salud y por la Vida denuncia constantemente las barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y señala que la violencia obstétrica sigue sin ser una prioridad en el país. Las mujeres en Colombia trabajan hasta cinco horas más que los hombres en tareas de cuidado. El contexto exige propuestas claras de quienes aspiran a suceder a Gustavo Petro. ¿Dónde está el género en sus programas de gobierno?
A partir de una ponderación de las últimas encuestas, seleccionamos las cinco candidaturas con mayor posibilidad de llegar a la presidencia y que superan el 2% de intención de voto: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López. Sus propuestas en violencias basadas en género, derechos sexuales y reproductivos, y reconocimiento del cuidado como derecho autónomo fueron enviadas a un panel de tres expertas:
- Laura Pedraza Estrada, abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
- Marta Castro, directora de la organización Cuidando a Violeta
- Alexandra Riveros Rueda, filósofa experta en violencias de género
Para garantizar la imparcialidad del análisis, las propuestas fueron compartidas sin el nombre de cada candidatura, con el objetivo de obtener una lectura más objetiva.
En términos generales, las expertas coinciden en que las propuestas de género se quedan en el plano discursivo, sin un panorama claro que establezca mecanismos para garantizar los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.
Violencias basadas en género
Alexandra Riveros Rueda fue la encargada de analizar las propuestas de las cinco candidaturas en materia de violencias basadas en género. Los resultados muestran que, si bien todas reconocen las VBG como un problema y proponen alguna forma de fortalecimiento institucional, y todas mencionan la reducción de la impunidad, para la experta estos consensos son retóricos y no representan un acuerdo sustantivo.
El gran ausente en todas las propuestas es el enfoque territorial diferenciado: ninguna reconoce las VBG en zonas rurales, territorios étnicos, zonas de conflicto y fronteras. «El caso de las mujeres buscadoras y las mujeres víctimas del conflicto armado no aparece en ninguna propuesta», señala la experta.
Además, las violencias digitales y la violencia vicaria están prácticamente ausentes en los cinco programas, a pesar de su expansión documentada y de su reconocimiento normativo.
Para la experta, los compromisos internacionales adquiridos con la Convención de Belém do Pará y la CEDAW —que exigen una respuesta articulada en cinco dimensiones: prevención, protección, investigación, sanción y reparación, dentro de un marco estructural que reconoce las VBG como manifestación de relaciones desiguales de poder— no están presentes en ninguna de las cinco propuestas.
A continuación, los resultados para cada uno de los ejes analizados por candidatura.
Parte 1 — Profundidad de la propuesta
La primera pregunta buscó evaluar la calidad de fondo de cada propuesta, con el objetivo de entender si el candidato o la candidata tiene una política real para la prevención y sanción de las VBG. Ninguna candidatura obtuvo la calificación de «concreta».
Este fue el sistema de calificación utilizado:
- Retórica: menciona el tema sin ninguna propuesta de acción
- Intención: hay una dirección clara pero sin mecanismos de implementación
- Desarrollo: tiene mecanismos pero sin metas ni plazos definidos
- Concreta: incluye al menos uno de estos elementos: meta numérica, plazo, institución responsable o presupuesto
Parte 2 — Viabilidad técnica
La segunda parte del análisis buscó identificar la viabilidad de las propuestas para la solución del problema. Ninguna candidatura obtuvo el puntaje más alto.
Este fue el sistema de calificación utilizado:
- 1: Inexistente o puramente nominal
- 2: Hay intención pero es vaga y sin sustento técnico
- 3: Propuesta desarrollada con algunos elementos concretos pero incompletos
- 4: Propuesta sólida, técnicamente viable y con elementos verificables
Parte 3 — ¿Son una solución al problema?
En esta sección se evaluó si las propuestas representan verdaderas soluciones a las violencias basadas en género. La experta respondió sí, parcialmente o no a cada una de las siguientes preguntas:
- P1: ¿Reconoce las VBG como un problema estructural vinculado a la desigualdad de género, y no como un simple problema de seguridad o criminalidad?
- P2: ¿Reconoce que las VBG se manifiestan de múltiples formas —violencia física, sexual, económica, digital y vicaria, entre otras— y no las reduce a una sola expresión?
- P3: ¿Incluye medidas de prevención primaria —antes de que ocurra la violencia— y no se limita a la respuesta penal y la sanción?
- P4: ¿Contempla estrategias dirigidas específicamente a hombres y al trabajo con masculinidades como parte de la solución?
- P5: ¿Reconoce que las VBG afectan de forma diferenciada a mujeres rurales, indígenas, afrocolombianas, migrantes y de la comunidad LGBTIQ+?
- P6: ¿Propone medidas concretas para reformar las instituciones de atención —como las comisarías de familia— con enfoque de género, protocolos claros y formación especializada?
- P7: ¿Plantea mecanismos para evitar la revictimización de las mujeres dentro de los procesos judiciales?
Análisis general
La conclusión de Riveros Rueda es contundente: «ninguna propuesta es satisfactoria» en el reconocimiento de las VBG ni en los mecanismos de prevención. Si bien destaca que las propuestas de Iván Cepeda son las que más se acercan a una comprensión integral de las violencias de género, señala que carecen de mecanismos concretos suficientes y son principalmente declarativas, sin operatividad suficiente.
«La conclusión rigurosa es que ninguna propuesta —ni siquiera la única inscrita en un marco feminista (Iván Cepeda)— ofrece la combinación de marco crítico y proyecto institucional concreto que el problema exige.»
En cuanto al enfoque de género, Riveros Rueda señala que solo el programa de Iván Cepeda lo incorpora plenamente. Respecto al enfoque diferencial, aparece con mayor desarrollo en el programa de Claudia López. Los programas de Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo carecen de enfoque de género.
La experta concluye que, si bien es un avance que las VBG estén en la agenda presidencial, ese avance es solo de visibilidad, sin compromisos claros.
«Leer las propuestas no debería limitarse a sumar lo que cada una ofrece, sino a interrogar lo que cada una omite: que ninguna nombre la violencia institucional, que solo una articule cuidado y violencia, que ninguna proponga participación vinculante de las organizaciones de mujeres, que ninguna desarrolle reparación transformadora. Todo eso es posicionamiento político, no descuido técnico.»
Reconocimiento del cuidado como derecho autónomo
Marta Castro, directora de Cuidando a Violeta, organización feminista que trabaja por el derecho al cuidado, señala que las propuestas en general carecen de enfoque de derechos humanos y no tienen en cuenta los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció por primera vez el cuidado como derecho humano autónomo en su Opinión Consultiva OC-31/25.
Si bien las propuestas de Iván Cepeda y Sergio Fajardo mencionan problemas estructurales de justicia de género y social, para Castro «se quedan cortas en el análisis de cómo fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de Cuidados».
En términos generales, considera que ninguna propuesta contempla el reconocimiento del cuidado como derecho humano ni los mecanismos para hacerlo justiciable y universal. «Todavía prevalece una visión de servicio y no se apunta a las estructuras patriarcales que sostienen las brechas de género.»
El gran ausente en las propuestas es el derecho al cuidado como tal. Los programas se centran en la oferta de sistemas, servicios o formalización, sin vincularlo al enfoque de género y derechos humanos que propone la Corte IDH. «No mencionan los principios de universalidad ni la justiciabilidad del derecho al cuidado, que son centrales para que la ciudadanía se reconozca como agente y titular de derechos, más allá de ser sujeta de subsidios o medidas específicas que no apuntan a una transformación real que rompa las brechas de género y la división sexual del trabajo de cuidado.»
Parte 1 — Profundidad de la propuesta
Parte 2 -Viabilidad técnica
Parte 3 — ¿Son una solución al problema?
Estas fueron las preguntas base del análisis:
- P1: ¿La propuesta reconoce que el trabajo del cuidado recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, o lo trata como un tema neutro de oferta de servicios?
- P2: ¿Incluye un mecanismo institucional para implementar el sistema de cuidado: institución responsable, presupuesto asignado o meta verificable?
- P3: ¿Hay un camino claro para el reconocimiento del cuidado como derecho autónomo?
Análisis general
Castro señala que las propuestas de Claudia López, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella apuntan a una formalización del cuidado, lo que para ella desdibuja la visión de autonomía y libertad para decidir si se cuida y en qué condiciones se ejerce ese trabajo. De Iván Cepeda destaca que al mencionar la libertad y la autonomía para decidir, aporta un punto crucial al debate.
Derechos sexuales y reproductivos
Laura Pedraza Estrada, abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, analizó las propuestas en derechos sexuales y reproductivos de quienes aspiran a ocupar la Casa de Nariño en el próximo periodo. Los programas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no contienen ninguna mención a esta materia. Para Pedraza Estrada, eso evidencia que el tema no es una prioridad en sus planes de gobierno e incluso sugiere una postura contraria a estos derechos.
«Apuntan a un sector conservador para ganar votos, pero de todas formas tendrán que implementar los derechos sexuales y reproductivos, porque estos no se reducen solo al aborto y a las personas LGBTIQ+. Además, tienen miedo de las repercusiones electorales, por eso no los mencionan.»
En términos generales, la experta considera que todos los candidatos y candidatas tienen una visión reduccionista de los derechos sexuales y reproductivos: los comprenden únicamente desde la violencia sexual, el aborto y la anticoncepción, sin conectarlos con otras esferas del ejercicio de derechos como la salud, la educación y la prevención de las VBG. Además, ninguna candidatura hace mención alguna a la violencia obstétrica, lo que para ella revela que «no hay una lectura profunda de las necesidades de la población, sobre todo de aquella materno-perinatal».
A continuación, los resultados por candidatura.
Parte 1 — Profundidad de la propuesta
Parte 2 -Viabilidad técnica
Parte 3 — ¿Son una solución al problema?
La experta respondió sí, parcialmente o no a cada una de las siguientes preguntas:
- P1: ¿Menciona explícitamente la autonomía corporal de las mujeres como principio rector de sus propuestas?
- P2: ¿Reconoce que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos es una condición para el ejercicio pleno de otros derechos —educación, trabajo, salud, vida libre de violencias—?
- P3: ¿Garantiza el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo zonas rurales y poblaciones históricamente excluidas?
- P4: ¿Reconoce la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia?
- P5: ¿Contempla medidas para garantizar el acceso efectivo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo más allá de su reconocimiento legal?
- P6: ¿Tiene un plan para eliminar las barreras que aún existen para acceder a la IVE?
- P7: ¿Reconoce a las diversidades sexuales y de género en su programa para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos?
- P8: ¿Incluye educación sexual integral en el sistema educativo con enfoque de derechos y género?
- P9: ¿Articula los derechos sexuales y reproductivos con la prevención y atención de la violencia sexual?
- P10: ¿Reconoce la violencia obstétrica como una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos y establece un plan para prevenirla?
Análisis general
Pedraza Estrada señala que, aunque el programa de Sergio Fajardo menciona explícitamente el aborto y propone actualizar la Política Pública de Salud Sexual y Reproductiva, dicha política ya está actualizada y próxima a ser expedida para su implementación. «Eso demuestra que no conoce la normativa de derechos sexuales y reproductivos y reduce el tema a la ‘moda’ del IVE sin comprender otras necesidades en estos derechos», afirma.
Señala además que, en general, las propuestas dejan por fuera a niños, niñas y adolescentes, y a la población indígena, afro, negra, raizal, palenquera y mulata. En cuanto a las mujeres, concluye que las propuestas «no responden ni entienden la raíz del problema de las violencias contra las mujeres y no involucran a los hombres como principales perpetradores. Las soluciones están enfocadas en los resultados de las violencias pero no en su prevención».
Para Pedraza Estrada, quien llegue a la presidencia debe implementar la educación sexual integral, fortalecer el sistema de salud en el nivel primario, garantizar el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, mejorar la articulación entre sectores y avanzar en la eliminación de barreras ideológicas en todas las entidades del Estado.
