Con la liquidación del Ministerio de la Igualdad y sin la firma del decreto reglamentario, la ley carece de una hoja de ruta clara para su cumplimiento, por lo que miles de víctimas podrían quedar desprotegidas, advierte HUFAFEM.
En agosto de 2025 el Congreso aprobó la Ley 2530 de 2025, que marcó un hito histórico para la protección de los huérfanos y huérfanas por feminicidio a través del apoyo económico y psicosocial a los hijos e hijas hasta los 25 años. Pero a menos de un año de su sanción presidencial, la Ley enfrenta un grave riesgo por la falta de firma del decreto reglamentario, un paso fundamental para establecer protocolos, lineamientos y la hoja de ruta que garanticen su cumplimiento en todo el país.
Marcela Boyacá Mesa, directora de Huérfanos y Huérfanas por Feminicidio Colombia (HUFAFEM), asegura que el entonces Ministerio de la Igualdad se comprometió a firmar este decreto a más tardar el 15 de junio, situación que a la fecha no ha sucedido. «Nosotros lo que pedimos es que este decreto se firme lo antes posible para poder implementar la Ley y que se conviertan en beneficios reales para las familias. (…) Hasta que no se firme, esta Ley queda solo en el papel».
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley, «el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de la Igualdad y la Equidad o quien haga sus veces, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), definirá y reglamentará los criterios de entrada, permanencia y calidad, así como los mecanismos de transferencia de las medidas de asistencia de la ley».
No obstante, con la desaparición del MinIgualdad como consecuencia de una demanda presentada ante la Corte Constitucional por vicios en su trámite y en el aval fiscal del mismo, a la organización le preocupa la falta de claridad sobre quién asumirá las responsabilidades del ministerio para lograr la implementación de la Ley.
Camilo Beltrán, codirector de HUFAFEM, asegura que esta situación envía un mensaje equívoco a las víctimas de feminicidio. En 2022, su hermana Leidy Beltrán fue víctima de feminicidio por parte de su expareja sentimental; desde ese momento, Camilo se hizo cargo de sus dos sobrinas menores de edad.
“Esto nos dice que el Estado no nos tiene amparados. Que el Estado no busca repararnos. El sistema está hecho para agotar a las víctimas, cada paso es una revictimización constante. Esta Ley fue una esperanza para muchas personas, la posibilidad de que no se implemente envía un mensaje desesperanzador” señala Beltrán.
Ambos activistas también hacen un llamado a avanzar en el Registro de Huérfanos y Huérfanas de Feminicidio —una de las obligaciones de la ley—, pues este es fundamental para focalizar y dirigir las medidas. «En este momento no tenemos certeza de cuántos hijos e hijas están en la orfandad por este delito. La información que tenemos es que la mayoría de mujeres víctimas de feminicidio están en los estratos 1, 2 y 3 y la información que brinda el DANE arroja que las mujeres en este grupo poblacional tienen al menos entre 1 a 3 hijos» señala Boyacá Mesa.
Aseguran, además, que les preocupa el eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, pues sienten que el compromiso de reducir la violencia de género no parece estar entre sus prioridades. «Vemos un panorama desalentador. Los huérfanos y huérfanas de feminicidio, y las víctimas de feminicidio no están en la prioridad de este nuevo gobierno», señalan.
El llamado de la organización es claro: el gobierno de Petro debe firmar el decreto antes de que finalice su mandato. De no hacerlo, se perdería un año entero de trabajo con las organizaciones sociales y las víctimas, lo que representaría una nueva revictimización por parte del Estado.
