Aprendiz del SENA denuncia a instructor por violencia sexual en Bogotá

Desde el 7 de noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder una denuncia por acceso carnal violento presentada por la aprendiz del SENA, Maritza Lesmes, en contra de Diego Alexander Chávez Rodríguez, instructor de la materia de emprendimiento en el Centro de Servicios Financieros de esta institución en Bogotá.  Voces Francas reconstruyó los hechos y recogió el testimonio de Maritza.

El 26 de octubre, Maritza Lesmes ingresó a su primera clase de emprendimiento en la sede del Salitre del SENA, en Bogotá. En esa sesión, dictada por el instructor Diego Alexander Chávez, todo transcurrió sin ninguna novedad. Para Maritza, quien había decidido dejar atrás su carrera como zootecnista, esta formación representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para construir un mejor futuro para ella y su hijo.

Tres días después, el 29 de octubre, al concluir sus clases, Maritza caminó hacia el paradero de buses en la carrera 60, como lo hacía cada día para regresar a casa. Fue en ese lugar donde volvió a encontrarse con Diego Chávez.

Durante la larga espera del servicio de transporte público en la capital del país, ambos comenzaron a conversar. Hablaron sobre sus historias de vida, intereses y anécdotas lo que le dio a Maritza un ambiente de confianza hacia él. Al final, intercambiaron números telefónicos para continuar con aquellas conversaciones que quedaron inconclusas. Aunque Maritza no perdía de vista que Chávez era su instructor, lo que inicialmente le generó cierta incomodidad, el comportamiento amable y atento despertó en ella un interés. “Yo siento que ahí se desarrolló un gusto, alguna atracción entre los dos”, señala Maritza.

El 2 de noviembre, Maritza y Diego volvieron a encontrarse, esta vez en el salón de clase donde él impartía el curso de emprendimiento. Al terminar la sesión, acordaron salir para tomar algo y continuar conversando. “Él me dijo que me recogería en otro lugar cerca de la sede, y de ahí nos fuimos a la zona de bares de la Avenida Primera de Mayo”, relató Maritza.

En un principio, la conversación fluyó de manera natural, como en la ocasión previa. Sin embargo, tras un par de cervezas, Maritza comenzó a notar un cambio en la actitud de Diego. Desde el primer día que lo conoció, él se había mostrado amable, atento e incluso se presentó como un hombre cristiano. Pero esa noche, a medida que avanzaba el tiempo, la conversación se tornó agresiva y despectiva.

“Me decía que tendría repercusiones si no me comportaba de aquí en adelante como él quería. Luego me decía que tuviéramos relaciones sexuales en la sede del SENA; era muy insistente con que fuera en la sede del Salitre porque en la de Chapinero había muchas cámaras. Al final, también me dijo que él era el instructor y podía tener el poder para pedir que un día todos se fueran de particular -sin uniformes- y yo me fuera en falda”, afirmó Maritza.

Tal como lo registra en la denuncia ante la Fiscalía, Maritza y Diego Chávez salieron del bar donde se encontraban cerca de las 10 de la noche, dirigiéndose al vehículo del instructor del SENA, que se encontraba estacionado a unos metros del establecimiento.

Dentro del auto, ambos se besan e intercambian algunos tocamientos consensuados. Sin embargo, según relata Maritza, la situación rápidamente se volvió violenta. “De un momento a otro, él me agarró a la fuerza, me volteó boca abajo, me penetró sin mí consentimiento, sin protección y comenzó a insultarme. Me decía que era una perra; estaba muy agresivo”.

En medio del forcejeo, Maritza logró detener a Diego, vestirse mientras lo recrimina y abandonar el vehículo. En estado de shock, con lágrimas en los ojos e intentando lidiar con los efectos del alcohol, Maritza se dirigió al paradero de buses más cercano, procesando lo que había ocurrido minutos atrás. De una manera que incluso a ella le cuesta entender, alrededor de las 11: 30 de la noche llegó a su casa. Ya en su cama, el dolor se transformó en lágrimas incontrolables, que su hijo, de tan solo 12 años, notó; sin embargo, ella decidió no contarle ni a él ni a nadie lo que había sucedido.

“Es común que las víctimas guarden silencio y tengan un sentimiento de culpa posterior a los hechos” nos contó en entrevista Yeraldin Farfán, psicóloga experta en violencia de género.

Para ella, es claro que Maritza se encontraba en una situación de vulnerabilidad, no solo por la ingesta de alcohol y el lugar donde ocurrieron los hechos -el carro-, que, al ser un espacio reducido, limitaba los movimientos de Maritza, agravando la situación, sino también por su historial previo de abuso, el cual había confiado a Diego Chávez en un contexto de confianza.

“Él tenía conocimiento pleno de esto, y muchas veces lo que sucede es que se aprovechan de esta vulnerabilidad que tiene la persona, lo que lleva a este sometimiento, que incluso implica el lugar donde ocurren los hechos”.

Yeraldin Farfán, Psicológa.

La psicóloga es enfática en mencionar que el consentimiento previo a ciertos actos no implica un consentimiento total a las situaciones de violencia que ocurrieron después. “No se puede aprovechar ese consentimiento inicial y transgredir completamente a la persona” afirmó.

La redacción de Voces Francas contactó a Diego Chávez quien nos solicitó comunicarnos con su abogado, Edwin Tovar. El apoderado legal del instructor denunciado aseguró que, para él, “teniendo en cuenta las características de las conductas punibles, lo que se dio en este caso fue una situación consensuada entre dos personas”. Al preguntarle sobre los hechos y actos no consensuados mencionados en la denuncia, el abogado señala que: “Ella tiene una versión y mi cliente otra y quien debe determinar la verdad es un juez (…) Ella dice que hubo una situación que no era consensuada, pero lo que yo he podido apreciar, la situación fáctica dice otra cosa”.

Al respecto, La psicóloga Yeraldin Farfán afirma que, si bien es cierto que existió un acuerdo entre ambos para salir e incluso dirigirse juntos al carro, donde ocurren algunos actos consensuados, “el acuerdo se rompe en el momento en que ella pierde el control de la situación, como existió al inicio de los hechos, principalmente porque, como se narra en la denuncia, él toma el control de manera brusca y violenta, lo que incluso puede provocar en ella un bloqueo, donde se queda sin herramientas para reaccionar”.

Sobre los hechos que se encuentran en la denuncia, Flor Angela Torres, abogada e historiadora especialista en género y feminismo, asegura que es importante hacer una distinción desde lo penal del delito de acceso carnal violento y el acto sexual abusivo con incapacidad de resistir, el cual, según ella se adecuaría para este caso. La abogada explica que este último está tipificado en el artículo 210 del código penal y establece que “quien acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que estén incapacidad de resistir incurrirá en una pena de 8 a 16 años”.

“Tomando en cuenta la tipificación del delito, a mi concepto, es importante para este caso analizar este tipo de elementos. La víctima manifiesta que salieron a departir y que hubo unos actos sexuales consensuados, pero llega un punto en el que se presentan unos actos de violencia, donde, a pesar de que no es claro de que ella explícitamente diga “no”, sí es claro que no se puede presumir el silencio como una forma de consentimiento en una relación sexual”.

Flor Angela Torres, abogada

La abogada explica que la distinción desde el tipo penal es relevante porque, tal como se muestra en la denuncia, la víctima manifiesta que ellos habían ingerido alcohol. “Y esa situación, per se, a ella la pone en una incapacidad de resistir, y esto es importante para analizar el consentimiento, porque no se puede predicar el consentimiento de una persona que está en incapacidad de resistir”.

Añade que el historial previo de abuso y violencia que experimentó Maritza también son determinantes para comprender la incapacidad de resistir “Y más cuando la otra parte ostenta una autoridad”. Sobre este punto, la psicóloga Yeraldin Farfán explica que el haber pasado por situaciones previas de abuso suele generar en las víctimas sensaciones de culpa “Esto lleva a paralizar a la persona, que por más que quiera realizar una resistencia física no puede reaccionar” señala.

El martes 5 de noviembre, Maritza regresó a sus clases en la sede del SENA, decidida a retomar su rutina a pesar de haber pasado el fin de semana destrozada entre el llanto, el dolor y sin lograr salir de casa. Estando en la sede, Diego la llamó desde un número desconocido, pidiéndole que se vieran con la excusa de pagarle las cervezas del sábado, pues Maritza fue quien pagó la cuenta.

La digna rabia de Maritza la llevó a reclamarle por lo ocurrido apenas dos días antes.  Esta vez, fue enfática al reprocharle cómo, a pesar haberle confiado su pasado, él decidió actuar de esa manera. “Yo le reclamo, le digo que de qué me sirvió contarle todo esto, de confiarle mi vida, si él no la iba a respetar” afirma Maritza.

Visiblemente afectada, Maritza ese día tomó una decisión “Dije que esto no podía pasar, que yo no me podía quedar callada porque no es la primera vez que me pasa y no quiero que le vuelva a pasar a nadie más”.

El 6 de noviembre, Maritza se dirigió a la Unidad de Urgencias de Puente Aranda de Colsanitas, donde comenzaron a evidenciarse las consecuencias del abuso. Según lo registrado en la historia clínica, el personal psicosocial identificó una “afectación emocional -Maritza- manifiesta sentimiento de rabia, tristeza y se expresa por medio del llanto y la frustración”. Por esta razón, la remitieron a apoyo psicológico, activan el código blanco -de violencia sexual- y le dieron tres días de incapacidad.

El 7 de noviembre, Maritza interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y decidió informar al SENA sobre lo sucedido, resaltando que había recibido llamadas desde números desconocidos de Diego Chávez. El 9 de noviembre, señaló: “Recibí una llamada de su parte pidiéndome que hablara con él de manera personal y que incluso él -Diego- solicitaría permiso de parte de la nueva instructora para que me dejará ir con él”.

Producto de los hostigamientos y el miedo generados por la situación, Maritza tuvo que cambiar sus horarios de llegada a la institución, salir acompañada y tomar rutas alternas para evitar cualquier contacto con Diego Chávez. La respuesta del SENA, firmada por Ernesto Acevedo Soto, subdirector del Centro de Servicios Financieros, fue que “se llevarán a cabo los trámites pertinentes por parte de esta subdirección para tomar las medidas administrativas correspondientes”

Solicitamos a la entidad una respuesta clara sobre las acciones emprendidas tras la denuncia de violencia sexual contra uno de sus empleados. Sin embargo, el subdirector del Centro de Servicios Financieros se negó a atender la entrevista, argumentando que la situación es materia de investigación. Como respuesta, nos enviaron un comunicado de prensa de cinco puntos en el que llama la atención que el caso sea calificado como “presunto acoso sexual, lo cual le resta gravedad al hecho.

Para Flor Angela Torres, la respuesta del SENA es revictimizante debido a que el acoso sexual y abuso sexual son delitos completamente diferentes. “En el acoso sexual, los verbos rectores que tipifican este delito son acosar, perseguir, hostigar, asediar física o verbalmente con fines sexuales no consentidos. Y este delito puede existir sin contacto físico. La diferencia con el abuso sexual es que hay un carácter físico que invade directamente la integridad de la persona y que causa daños tanto psicológicos como físicos”.

En el comunicado, la entidad también asegura que “de forma inmediata, se decidió apartar al instructor del grupo al cual pertenece la aprendiz y se prohibió cualquier tipo de contacto con la mujer que denunció el hecho ante la Fiscalía General de la Nación”.

Sin embargo, Voces Francas pudo confirmar que, aunque el instructor ya no imparte la clase de emprendimiento al grupo donde está matriculada Maritza Lesmes, este sigue asignado a clases presenciales y asincrónicas en las sedes de Chapinero y Salitre. Esto genera dudas sobre los protocolos adicionales implementados por la institución para garantizar que no haya contacto entre el presunto agresor y la víctima dentro de las instalaciones académicas.

Por último, en el comunicado también se asegura que “desde que se conoció el testimonio de la denunciante ha contado con asistencia psicológica por parte del área de Bienestar al Aprendiz en todo momento”. Sin embargo, Maritza desmiente tal información, puesto que solo en dos ocasiones ha tenido contacto con la psicóloga del centro. “Y en una ocasión fue cuando él se apareció el 13 de noviembre afuera del centro, y yo me dirigí a ellas para preguntarles si sabían qué hacer, y nadie me supo indicar qué hacer”.

Para Maritza las pocas respuestas que ha recibido de la institución han sido revictimizantes e ineficientes. “Se preocupan más de que traiga el uniforme completo, los tenis del color que son que de la situación que sucedió”.

“Las relaciones de poder sí marcan la pauta en casos de violencia sexual”

Al preguntarle a Edwin Tovar, abogado del instructor denunciado, sobre la evidente relación de poder entre Diego Chávez como docente y Maritza Lesmes como estudiante, este aseguró que no es clara cuál es la relación de poder: “Porque ellos llevaban solo cuatro días de haber iniciado clases ¿Qué notas podrían sacar en cuatro clases para tener consecuencias?”.

Además, afirmó que ambos actuaron “como dos adultos libres en un estado social de derecho” y agregó que “siempre debe existir una línea de respeto, porque es claro que hemos visto alumnas mayores de edad que tienen alguna relación con su profesor y hoy se han casado, y esto el ordenamiento jurídico no lo prohíbe”.

Sin embargo, para la abogada Flor Torres, estas apreciaciones pueden ser imprecisas e incluso revictimizantes.  “La relación entre instructor y aprendiz sí marca la pauta en este caso, sobre todo en un tiempo tan corto. Existe una asimetría del poder entre el instructor y un aprendiz que se fundamenta en las dinámicas inherentes de la autoridad, dependencia y vulnerabilidad en este caso”.

Para la experta, esta asimetría es relevante para los casos de abuso sexual porque pueden anular la capacidad de la estudiante para tomar “decisiones libres y autónomas sobre su consentimiento”. Resalta que estas dinámicas se presentan como la autoridad legal y académica del docente frente al estudiante para tomar decisiones que afecten su desarrollo educativo. “Que lleven solo cuatro días y todavía él -Diego Chávez- no fuera a sacar notas no implica que no exista una causal de abuso de poder. Él sí o sí, sea la primera semana o la última semana de clase, tiene la potestad para decidir sobre el futuro académico de ella”.

“Ahora, sí ella no instauró la denuncia en el momento, al día siguiente o en el lugar de los hechos, porque se supone que tiene que hacerse en el lugar de los hechos, pues sus razones tendrá (…) lo que yo sí puedo decir es que, según lo que relata mi cliente, los hechos no sucedieron así” expresó Edwin Tovar, abogado del instructor denunciado, al preguntarle sobre la posición de su cliente sobre los hechos que se denuncian.

Sin embargo, estas afirmaciones desconocen los contextos de poder en los que ocurren las violencias sexuales y las razones que muchas veces llevan a las mujeres a no denunciar de inmediato, desconociendo, además que la denuncia se realizó solo cinco días después de los hechos que se relatan.

 “Las mujeres se enfrentan también a un señalamiento, estigmatización y desconfían de la justicia, lo que hace que no denuncien inmediatamente o, en algunos casos, que nunca lo hagan”, explicó Flor Torres, abogada experta en violencia de género.

De acuerdo con Yeraldin Farfán, el hecho de que él fuera su instructor también incide en la reacción de no denunciar una vez ocurre la violencia sexual “Era una persona con poder y eso hace que las personas tengan pensamientos sobre las consecuencias de denunciar”.

“Mi cliente es un contratista”

Diego Alexander Chávez tiene un contrato por prestación de servicio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) vigente hasta el 17 de diciembre del 2024. Si bien ejerce como contratista, esto no lo exime de la investigación y sanción por parte de la entidad a la cual le presta sus servicios de formación, quien está informada sobre la denuncia presentada en la Fiscalía.

Flor Torres asegura que el SENA tiene potestad sancionatoria sobre su contrato y, sobre todo, tiene la obligación de notificar el caso a la “Procuraduría General de la Nación quien debe iniciar la investigación disciplinaria. Esto es importante porque, si se demuestra y declara que esta persona cometió una falta disciplinaria, se impondrá una sanción, y uno de los requisitos para contratar con el Estado es no tener sanciones” señala la abogada.

Violencia de género en las aulas de clase, un mal que no se atiende a tiempo

Los entornos educativos, que deberían ser espacios seguros para mujeres y toda la comunidad estudiantil, no son ajenos a la problemática de las violencias de género. En Bogotá, el Sistema de Alertas de Educación registró que, de los 6,000 casos de violencia sexual denunciados, 3,000 ocurrieron en colegios de la ciudad. En el ámbito de la educación superior, un informe de Dejusticia de 2023 identificó 413 denuncias de acoso sexual en 20 universidades del país. Sin embargo, solo en tres de las 12 instituciones involucradas se han impuesto sanciones.

En el caso del SENA, la situación resulta difícil de dimensionar debido a la escasez de datos oficiales. Esta institución, aunque se dedica a la formación técnica, tecnológica y complementaria, está adscrita al Ministerio de Trabajo y no al de Educación, lo que complica el seguimiento y análisis de la violencia de género en sus entornos de formación.

Quizás el caso más sonado fue el del instructor Julio Enrique Ortiz Angulo, quien fue inhabilitado, sancionado y destituido por 18 años por la Procuraduría General de la Nación en octubre de este año por “conductas de acoso sexual”. Según la información del ente de control, el instructor realizó “propuestas e invitaciones insistentes a las denunciantes de tipo sexual, además se acercaba con hostigamientos e intimidaciones en lugares públicos y privados”.

Voces Francas conoció una queja interpuesta por un grupo de alumnas e instructoras del SENA contra el instructor Luis Arturo Bastidas Mora del Centro de Servicios Financieros del SENA en Bogotá. De acuerdo con las denunciantes el instructor realiza recurrentemente “prácticas inadecuadas, intimidantes, acosadoras y abusivas”.

“Sentimos como nos ve con lascivia, morbo, obscenidad, de forma libidinosa, pues suele morderse los labios mientras sabe que le estamos viendo, guiñar el ojo, morderse el dedo índice mientras estamos frente al tablero, sonrisas (morbosas); una serie de gestos que nos hacen sentir bastante incómodas, violentadas, invadidas y asqueadas”

Instructor: ¿El X persona tiene ganas a usted, cierto?
Aprendiz: No dije nada, hice como una cara, y ya no dije nada.
Instructor: Porque yo también le tengo ganas.
Aprendiz: Yo no supe cómo responder, ni reaccionar en ese momento, lo miré feo.
Entonces él soltó una carcajada y dijo: ¡Mentiras!

Maritza aún siente miedo. Los días que dedica a asistir al SENA, con la esperanza de alcanzar metas que por las adversidades de su vida había postergado, se han transformado en un ciclo constante de ansiedad. Ahora, debe verificar que Diego Chávez no esté cerca cada vez que sale de clase, baja del bus o simplemente sale con amigos. Ya no puede andar sola, porque el temor recorre su cuerpo en cada paso.

Pero además de miedo, Maritza siente rabia. Rabia porque no es la primera vez que es víctima de estos hechos, rabia porque siente que las instituciones nunca la protegen, rabia porque “el estado me ha dado la espalda”, rabia porque, en vez de apoyo, recibe recriminaciones. Pero la rabia, como un sentimiento completamente digno, fue la motivación que necesitó para denunciar, hablar y decir “No quiero que esto le pase a nadie más”.

Investigación: Lauren Franco y Camila Ramírez
Ilustración: Camila Ramírez
Texto: Lauren Franco

*Si tienes un caso de violencia de género dentro del SENA cuéntanos tu historia a vofperiodismoinvestigacion@vocesfrancas.com

Si eres víctima de violencias basadas en género o sospechas de alguien que esté siendo víctima, te compartimos una lista de números a los que puedas acudir en caso de necesitarlo.
1. Línea #155 para orientación a mujeres víctimas de violencia basada en género: Esta es una línea de atención que funciona en toda Colombia 24 horas, todos los días de la semana.
2. Línea Púrpura en Bogotá: si estás en la capital del país puedes comunicarte a través del siguiente número 018000112137- Esta línea funciona las 24 horas todos los días del año y puedes conctarte también a través del Whatsapp en este link.
3. Línea de emergencias 123: llama si tu vida corre peligro o tienes información si la vida de alguien más corre peligro. Es una línea que funciona todo el día y en todo el país.
4. Centro de Atención  Integral a Víctimas de Agresión Sexual – CAIVAS: Son centros adscritos a la Fiscalía General, distribuidos a lo largo del país y enfocados en atención a casos de violencia y abuso sexual. Puede consultar de acuerdo a su ciudad qué unidades le quedan más a la mano.