El cuarto informe del Comité de Seguimiento de la Comisión de la Verdad alerta sobre un aumento en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el incremento de la violencia política, el asesinato de firmantes de paz y el poco avance en los proyectos de Paz Total. Además, expresa especial preocupación por el crecimiento de los feminicidios y los asesinatos de personas LGBTIQ+, así como por el escaso reconocimiento de las violencias sistemáticas que afectan a esta población.
Tres años después de publicarse las 220 recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad (CEV), este cuarto informe del Comité de Seguimiento—titulado “Avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones de la CEV”— hace un llamado a que la paz sea una realidad sostenida por voluntad política, especialmente ante las próximas elecciones para evitar que quede solo en los discursos.
El informe advierte un aumento del 60% en el reclutamiento de menores, el asesinato de 73 líderes sociales durante 2025 y un incremento en el desplazamiento forzado, confinamiento, extorsión y víctimas de artefactos explosivos.
En materia de violencia política, se destaca el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como amenazas, homicidios y feminicidios que afectan a personeros, alcaldes y funcionarios públicos. Según Wilson Castañeda, director del Comité, los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE) reflejan que en 2021 —previo a elecciones nacionales— las amenazas y atentados crecieron un 37,5%, y para este año la MOE reporta un nuevo aumento del 42%.
Otra preocupación central es la falta de avances en la Paz Total. De los nueve procesos, solo en el sur de Nariño y en las paz urbanas de Medellín y Buenaventura hay avances parciales; en el resto no se observa dejación de armas. “El tiempo apremia”, insistió Castañeda. También criticó el escaso compromiso del Congreso de la República, que en el último año solo debatió cuatro proyectos de ley relacionados con las recomendaciones, sin que ninguno se materializara: “Urgen herramientas legislativas para avanzar”.
Asimismo, el Comité denuncia el asesinato de 460 firmantes de paz desde la firma del Acuerdo en 2016, lo que refleja un incumplimiento de las garantías de seguridad para quienes apuestan por la reincorporación.
Enfoque de género: avances y grandes brechas
El informe reconoce algunos progresos, como el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras de priorizar 5.000 hectáreas para mujeres y asociaciones de mujeres. Sin embargo, advierte brechas persistentes: la Ley de Víctimas no reconoce a las excombatientes como víctimas de violencias basadas en género, por lo que no existen medidas de atención específicas para ellas.
El Comité subraya que el Estado debe reconocer la violencia sistemática contra personas LGBTIQ+, que en 2024 cobró la vida de cerca de 145 personas. También urge medidas efectivas para prevenir feminicidios, ya que el 2024 fue el año más violento para las mujeres en Colombia:
“Vemos un Estado que aparece para lamentar las violencias, pero no para prevenirlas”, advirtió Castañeda.
Por último, aunque celebran la apertura del macrocaso 11 en la JEP —que investiga violencias de género, sexuales y por prejuicio cometidas durante el conflicto armado—, expresan preocupación por la lentitud del proceso de acreditación, teniendo en cuenta los plazos limitados del tribunal.
Avances destacados en las recomendaciones
El Comité resalta que el actual gobierno duplicó el presupuesto para la Ley de Víctimas, incrementando las metas de indemnización y reparación para los próximos cuatro años. Además, la implementación del Acuerdo de Paz pasó de un 51% a un 57%.
También destacan la labor de la Agencia de Reincorporación, que ha acompañado a más de 12.000 excombatientes, quienes han creado 6.003 proyectos productivos.
Finalmente, subrayan el inicio del Sistema Nacional de Búsqueda, mediante el cual la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 1.349 cuerpos gracias a la estrategia de búsqueda inversa, saldando parcialmente una deuda histórica en un país con más de 123.000 desaparecidos.
