Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) —organización que representa a más de 1.400 víctimas de secuestro— aseguró que celebran la sentencia de la JEP contra el último secretariado de las FARC. Sin embargo, expresó su preocupación porque la decisión no presentó con claridad las actividades reparadoras que cada uno de los siete comparecientes deberá realizar, lo que podría poner en riesgo su implementación.
Ayer, la JEP dictó su primera sentencia contra los siete últimos miembros del antiguo secretariado de las FARC, quienes deberán trabajar durante ocho años en la búsqueda de personas desaparecidas, la acción integral contra minas, la recuperación del medio ambiente y la reparación simbólica. La sanción es la más alta contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016.
En ese contexto, conversamos con Ana María Rodríguez, de la Comisión Colombiana de Juristas, una organización de derechos humanos que actualmente representa a más de 1.400 víctimas en el macrocaso 01, el cual investiga los secuestros y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC. Para ella, la sanción es relevante porque finalmente hay una decisión que declara penalmente responsables a los siete integrantes del último secretariado de esa guerrilla.
“Sobre todo es importante porque reconoce los crímenes de guerra y de lesa humanidad, no solo el delito de secuestro. Reconoce que hubo desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, violencia sexual y otras conductas”, señaló.
No obstante, para la CCJ persisten dudas sobre la implementación de la sentencia. Les preocupa que la JEP no dio claridad sobre las TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador). “No se sabe ni dónde, ni cómo se ejecutarán, ni a quiénes beneficiarán”, afirmó Rodríguez.
Además, agregó que esperaban mayor precisión sobre las sanciones individuales para cada compareciente y la manera en que estas se llevarán a la práctica para que cumplan plenamente con los requisitos y alcancen la vocación de restauración que deben tener. “Se esperaba que el pronunciamiento de la JEP fuera completo, porque además no se señala cuándo se va a proferir la segunda parte de la sentencia”, enfatizó.
Aun así, considera que esta situación puede representar una oportunidad, pues podría significar que la Jurisdicción aún está definiendo las sanciones y la forma de ponerlas en práctica. “Este margen de tiempo podría permitir que las víctimas todavía puedan hacer aportes o pronunciarse sobre la sentencia, y que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta”, aseguró la directora de la CCJ.
La organización, que representa a un amplio grupo de víctimas, planteó varias preguntas: “¿Quién garantizará que los comparecientes aporten verdad tras la sentencia? ¿El incumplimiento podría constituir una violación al Régimen de Condicionalidad y llevar a la pérdida de beneficios?”, señalaron a través de sus redes sociales.
Enfatizan, además, que no todas las víctimas se sintieron dignificadas con el reconocimiento público del secretariado, en especial las víctimas de violencia sexual, quienes aún esperan una disculpa pública por los crímenes cometidos contra ellas, situación que no ha sido reconocida por los comparecientes.
“En el secuestro ocurrieron muchos delitos, y eso por fin se reconoce”
Pese a las inquietudes, Rodríguez destacó que la sentencia marca un precedente al reconocer que en el secuestro se cometieron múltiples delitos contra las víctimas. “Esto no hacía parte del imaginario de la sociedad. De alguna forma se creía que simplemente se privaba de la libertad a las personas, luego recuperaban su libertad y el tema quedaba allí. Pero por fin se reconoce que alrededor del secuestro ocurrieron muchos otros delitos y vulneraciones a los derechos humanos”, afirmó.
De acuerdo con las investigaciones, el secuestro fue una política criminal de las FARC que siguió tres patrones: financiar la organización armada, presionar al Estado colombiano para el intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.
Según el tribunal de justicia transicional, los secuestros con fines financieros dejaron consecuencias que, después de 20 o 30 años, aún persisten. “La JEP documentó casos de víctimas que nunca pudieron recuperar lo que pagaron por su libertad o que incluso siguen pagando las deudas que adquirieron para ser liberadas”, se lee en el comunicado de la entidad.
La investigación también reveló que, en los secuestros por canje, hombres del Bloque Oriental y, en ocasiones, del Bloque Sur, utilizaron corrales de alambre de púas que las víctimas describieron como jaulas o campos de concentración.
“Eran espacios reducidos, sin servicios sanitarios, con acceso limitado o condicionado al agua. Las víctimas debían orinar o defecar en el mismo lugar del encierro o en recipientes inadecuados, bajo la vigilancia de los guerrilleros. Ello no solo agravaba la situación insalubre, sino que constituía una forma de humillación constante”, recoge la misiva.
Mañana, 19 de septiembre, la JEP dictará su segunda sentencia, esta vez por los mal llamados “falsos positivos” —ejecuciones extrajudiciales de civiles— perpetrados en la Costa Caribe por militares del Batallón La Popa.
