El Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que, entre otras medidas, exigiría una valoración psicológica a quienes soliciten una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Para expertas y organizaciones sociales, esta exigencia podría convertirse en una nueva barrera para mujeres y personas gestantes que buscan acceder al aborto en la capital. Aunque el proyecto está a la espera de la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán, organizaciones sociales advierten que se trata de una iniciativa inconstitucional y que excede las competencias del Concejo de Bogotá.
Se trata del proyecto de acuerdo 340 de 2025, titulado “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, impulsado por la concejala Clara Sandoval, del Partido Liberal. Desde sus primeros debates, diversas organizaciones sociales y expertas han señalado que, aunque el proyecto se presenta como un conjunto de medidas para garantizar los derechos de las mujeres gestantes, preocupa que, bajo un lenguaje ambiguo, se introduzcan obstáculos adicionales y se estigmatice a quienes buscan acceder a este derecho.
Laura Pedraza, abogada del área de incidencia política de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres —organización que tuvo un papel clave en la sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24—, aseguró a Voces Francas que la aprobación del proyecto tendría consecuencias negativas. Según explicó, la iniciativa modificaría la ruta de atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que podría traducirse en barreras de acceso, tratos discriminatorios y prácticas estigmatizantes hacia mujeres y personas gestantes.
“Esto también puede desincentivar el acceso al aborto dentro del sistema de salud, porque el proyecto de acuerdo busca convencer a quienes solicitan una IVE de no realizar el procedimiento, lo que incluso podría empujarlas a abortos inseguros y clandestinos”, señaló la abogada.
Pedraza añadió que la medida profundiza la estigmatización, al partir de la premisa de que quienes buscan acceder al aborto lo hacen por problemas de salud mental. “Las mujeres y personas gestantes abortan por múltiples razones, todas ellas reconocidas y protegidas por la Corte Constitucional y su jurisprudencia, en el marco de los derechos fundamentales”, afirmó.
Asimismo, la abogada sostuvo que el proyecto es inconstitucional y excede las competencias del Concejo de Bogotá, ya que esta corporación no es la encargada de regular la ruta de atención materno-perinatal. “Con este proyecto se estaría modificando una ruta que no le corresponde regular al Concejo. Además, se desconocen derechos fundamentales y se contradice la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, explicó.
Finalmente, Pedraza advirtió que el impacto de la medida no se limitaría al ámbito distrital. “Bogotá recibe a mujeres y personas gestantes de distintas regiones del país debido a las mejores condiciones de su sistema de salud, por lo que esta decisión podría tener efectos a nivel nacional”, concluyó.
