Concejo de Bogotá debate proyecto que podría imponer nuevas barreras al acceso al aborto

Lauren Franco

Jeimi Villamizar

Género, Derechos Humanos

Mañana, 8 de septiembre, el Concejo de Bogotá debatirá un proyecto que, entre otras disposiciones, exigiría a quienes soliciten la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) una valoración psicológica. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres advierte sobre la evidente inconstitucionalidad de la iniciativa y alerta que esta podría generar nuevas barreras para las mujeres y personas gestantes que busquen acceder al aborto en la capital.

Se trata del proyecto de acuerdo 340 de 2025, titulado Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, impulsado por la concejala Clara Sandoval, del Partido Liberal. Aunque la propuesta plantea un conjunto de medidas para garantizar los derechos de las mujeres gestantes, preocupa que, detrás de un lenguaje ambiguo, se introduzcan obstáculos adicionales y se estigmatice a quienes quieran acceder al aborto. El proyecto ya fue aprobado en primer debate y solo le resta uno para pasar a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán.

Laura Pedraza, abogada del área de incidencia política de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres —organización pionera en la sentencia C-055 de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24—, aseguró a Voces Francas que el proyecto es inconstitucional porque busca reconocer al feto como persona dentro del ordenamiento jurídico, una competencia que no le corresponde al Concejo de Bogotá.

“Pero, sobre todo, desconoce la sentencia C-055 de la Corte Constitucional y pronunciamientos anteriores, por lo que es susceptible de una demanda de nulidad. No solo afectaría a las mujeres y personas gestantes de Bogotá, sino también a quienes lleguen de otros territorios del país buscando acceder al aborto”, señaló la abogada.

Señala, además, que el proyecto tampoco reconoce a los hombres trans, ni a las personas no binarias dentro de sus planteamientos.

Barreras que impondría el proyecto

La abogada enfatiza que este proyecto no es novedoso, pues lo que propone ya está reglamentado en la ciudad desde 2018 a través de la ruta de atención materno-perinatal, establecida en la Resolución 3280 de ese año.

Sin embargo, para la organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos, uno de los mayores problemas de la iniciativa es que obligaría a todas las mujeres con un “embarazo en crisis” a pasar por servicios psicosociales. “La Corte Constitucional ha dicho claramente que esto constituye una barrera, porque equipara el aborto a una enfermedad de salud mental. Las razones por las cuales las mujeres acceden a la interrupción voluntaria del embarazo son diversas y todas son válidas”, aseguró Pedraza.

Otro punto crítico es la propuesta de ofrecer “alternativas al IVE”. La abogada explica que, según la Resolución 3380, desde el momento en que una mujer o persona gestante informa en los servicios médicos que está embarazada, el profesional de la salud tiene la obligación de presentar las opciones: continuar con la maternidad, dar en adopción o acceder a la IVE.

“Es decir, desde el principio las mujeres y personas gestantes conocen sus opciones. Pero lo que ocurrirá es que, cuando quieran acceder al aborto, se les impondrá un paso adicional para intentar convencerlas y volver a ofrecerles opciones que ya habían escuchado y rechazado, pues voluntariamente decidieron interrumpir el embarazo. Esto equivale a una imposición de la maternidad”, agregó.

Además, el proyecto no solo tendría impacto distrital, sino también nacional. Muchas mujeres, niñas, adolescentes, personas gestantes y migrantes son remitidas a Bogotá debido a la infraestructura en salud de la ciudad para acceder al aborto. Por lo tanto, la medida podría generar problemas de salud pública e incluso aumentar la mortalidad materna.

Finalmente, Pedraza recuerda que tanto la ruta de atención materno-perinatal como la ruta IVE provienen de una normativa sanitaria encabezada por el Ministerio de Salud, por lo que el Concejo de Bogotá no tendría competencia para legislar sobre estas. “Además, estaría interfiriendo en la manera en que la Secretaría de Salud implementa la ruta”, concluyó.

Compartir en:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *