El reciente asesinato de la Madre Constanza, reconocida lideresa trans del barrio Santa Fe, y el de Catia, una mujer trans migrante en Engativá ocurrido un mes antes, marcaron el inicio del año en Bogotá. Pero, sus muertes no son hechos aislados: se inscriben en un contexto donde persisten los discursos de odio y se normaliza la violencia contra las personas trans en la capital.
La mañana del miércoles 18 de febrero fue hallado el cuerpo de Madre Constanza con signos de violencia en el interior de su vivienda, en el barrio Santa Fe. La madre, era una reconocida lideresa de la localidad de Los Mártires, donde impulsó una lucha basada en el cuidado y el afecto para proteger a cientos de mujeres trans que, expulsadas de sus hogares, llegaban a este sector en busca de un nuevo comienzo. Su trabajo incansable la llevó a ser nombrada como “la abuela de todas las travestis”.
“Ella siempre tenía para invitarte un tintico, algo para comer; no te lo negaba”, recuerda Luciana*, quien llegó hace dos años al barrio, desplazada por la violencia en el Urabá antioqueño, y encontró en Madre Constanza un lugar seguro donde refugiarse cuando “la cosa se ponía dura”. Como ella, cientos de mujeres trans ejercen el trabajo sexual en la zona, donde a menudo deben debatirse entre el hambre, la violencia y el rechazo.
El caso de Madre Constanza se suma al de Catia, una mujer trans migrante de 20 años asesinada el 2 de enero en el barrio Floridablanca, en Engativá. Según versiones conocidas, fue atacada a golpes por dos hombres que se movilizaban en motocicleta mientras compartía con una amiga, quien también resultó herida.
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, estos crímenes evidencian violencia por prejuicio con una intención ejemplarizante. “Es un mensaje: acabamos con una, pero queremos que todas las que están alrededor, las que caminan el mismo sendero, dejen de hacerlo”, afirma.
Aunque la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones en ambos casos, entre la población trans de Bogotá persiste un sentimiento de desprotección. A diario enfrentan insultos, agresiones físicas, exclusión y amenazas que, en muchos casos, las obligan a abandonar los barrios donde habitan.
Luciana es una muestra de esa realidad. Hace menos de un mes tuvo que huir del Santa Fe tras recibir amenazas directas en su vivienda. “Él me dijo: ‘si mañana te veo por aquí, te pelo’. Y yo sabía que podía ser verdad, porque en el barrio todo el tiempo matan mujeres trans y luego las hacen pasar por ‘muertes naturales’”, relata.
Según su testimonio, en el sector operan hombres que actuarían con presunta complicidad de miembros de la Policía Nacional para agredir, amenazar e incluso expulsar a mujeres trans del territorio. Esta denuncia ha sido planteada en diferentes ocasiones por lideresas y personas trans del barrio, incluso en recientes mesas de diálogo con el Distrito. Aunque delegados de la Policía se comprometieron a revisar los hechos, para ellas las respuestas siguen siendo insuficientes.
Valeria Bonilla, una activista trans reconocida de la ciudad confirma el relato de Luciana. Cuenta que en el Santa Fe principalmente operan bandas que cobran extorsiones a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. “Cuando no pagan, les pegan a las mujeres. Las cogen a palo y las amenazan. Y esto ocurre frente a la Policía y no se hace nada” añade.
Castañeda señala que sectores como Santa Fe concentran históricamente altos niveles de violencia contra personas trans. “Muchas veces no llegan allí por elección, sino porque son los únicos lugares que pueden habitar desde la resistencia”, explica. Recuerda que la ubicación de la Casa LGBTIQ+ Diana Navarro en la zona habla de una presencia histórica que, sin embargo, no siempre ha contado con una respuesta estatal suficiente en materia de servicios y garantías.
Aunque la forma más extrema de violencia es el transfeminicidio, las agresiones cotidianas también configuran un panorama preocupante. En la madrugada del 1 de febrero, Dane Belmont, activista trans y directora de la Fundación GAAT, fue atacada junto a su pareja durante un viaje solicitado a través de una aplicación de transporte. Según un comunicado de la fundación, el conductor las insultó y luego las agredió con un objeto contundente; posteriormente llegaron terceros que también las golpearon y les robaron sus pertenencias.
Valeria Bonilla, que también era amiga cercana de la madre Constanza describe la situación como “extremadamente frustrante”. Desde que empezó el año, ella junto a otras organizaciones sociales, han venido trabajando con las Instituciones distritales y nacionales para declarar la situación de emergencia por la violencia a personas trans en el país. Aunque recientemente el gobierno nacional expidió la directiva para prevenir y atender violencia contra personas LGBTIQ+, ella teme que la situación quede en promesas vacías.
“Mientras todo esto se desarrolla ¿A cuántas más van a matar? (…) Siempre nos reunimos, peleamos, nos tenemos que aguantar que nos lean los servicios que prestan las instituciones que nosotras ya conocemos, hacen compromisos a dos o tres meses. y ¿Mientras tanto qué?”
El ejemplo más claro para Valeria de la impotencia que siente frente a la violencia a las mujeres trans es el caso de la madre Constanza, pues justo el día que le informaron a ella sobre su asesinato, Valeria salía de una reunión con altos mandos del gobierno.
Para las lideresas, la transfobia se manifiesta de múltiples maneras: desde agresiones físicas hasta violencia verbal y exclusión en espacios públicos. Symone, otra mujer trans, denunció en redes sociales que fue insultada por un hombre mientras compartía con su hermana en un restaurante del centro de la ciudad. “Comenzó a decirme que era una maricona, una puta. Pedí ayuda y nadie quiso intervenir”, relató.
Las cifras también reflejan la magnitud del problema. En el primer semestre de 2025, la Secretaría Distrital de la Mujer atendió 686 personas por casos relacionados con violencia o discriminación. De ese total, 62 correspondieron a mujeres trans, 16 a hombres trans y 10 a personas no binarias. Aunque no representan la mayoría de los casos atendidos, las organizaciones advierten que existe un subregistro importante en esta población.
Para Castañeda, la situación responde a una emergencia sistemática y sostenida que se explica por tres factores. El primero es el incremento de asesinatos y tentativas de transfeminicidio registrados en lo corrido del año, con patrones similares en otras ciudades como Cali y algunos municipios de Antioquia.
El segundo factor es la precarización en la calidad de vida de las personas trans. “Hoy tenemos una expectativa de vida mayor que hace décadas, pero eso no significa vivir mejor. Persisten enfermedades, pobreza, falta de acceso a servicios básicos”, señala.
El tercero tiene que ver con el desaceleramiento de políticas de bienestar y cuidado. Según el activista, en administraciones anteriores existían programas más robustos que, aunque incompletos, ofrecían respaldo institucional. “Sentimos que hay un debilitamiento del compromiso con la agenda LGBT, especialmente en Bogotá”, afirma.
Frente a este panorama, organizaciones sociales insisten en la necesidad de acciones urgentes: atención psicosocial para una comunidad impactada colectivamente por la violencia y una intervención integral en territorios como Santa Fe, donde advierten la presencia de estructuras criminales. De no hacerlo, temen que se consolide un escenario que históricamente ha sido asociado con prácticas de “limpieza social”.
“Las mujeres están muertas del miedo en el Santa Fe. No quieren salir, se están desplazando otra vez”, concluye Castañeda. “La violencia no es contra una sola: es contra todas”.
