El coronel en retiro Juan Carlos Figueroa aceptó su responsabilidad ante la JEP por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles cometidas en Valledupar. Su reconocimiento se produce luego de que, en 2021, negara su responsabilidad en los 24 hechos por los que había sido acusado.
“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares a la luz de la Constitución Nacional, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”, afirmó el coronel (r) Juan Carlos Figueroa. Con esta declaración, reconoció su responsabilidad por al menos 38 personas asesinadas, de las cuales 11 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.
Estos hechos son investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Caso 03, que aborda los asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate. Los crímenes ocurrieron cuando Figueroa se desempeñaba como comandante del Batallón La Popa, en Valledupar, entre 2004 y 2005.
Con esta aceptación de responsabilidad, Figueroa ya no deberá enfrentar un juicio adversarial. No obstante, podría recibir una pena privativa de la libertad de entre cinco y ocho años de prisión debido a su reconocimiento tardío.
Sin embargo, pese a aceptar su responsabilidad durante la audiencia preparatoria realizada este martes, el coronel aseguró que los tres patrones criminales identificados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP no fueron detectados durante su mando.
“En cuanto al concepto de los ‘falsos positivos’, este riesgo operacional fue identificado en el 2007. Durante mi mando en el 2005 no fueron contemplados”, sostuvo Figueroa durante la audiencia.
De acuerdo con la JEP, la mayoría de las víctimas eran civiles indefensos. Varias se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y al menos una tenía una discapacidad mental. La investigación también estableció que algunos de los hechos ocurrieron fuera del área de jurisdicción del Batallón La Popa, desde donde se habría trasladado a víctimas reclutadas en distintos puntos de la Costa Caribe. Asimismo, durante ese periodo se documentaron prácticas de estigmatización por parte de integrantes de esa unidad contra los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.
El reconocimiento tardío del coronel plantea ahora un escenario en el que deberá establecerse con mayor precisión su rol dentro de la política criminal. Para ello, se programó una audiencia el próximo 24 de marzo de 2025 a las 9:00 de la mañana. La representación de las víctimas manifestó su preocupación por el corto tiempo destinado a esta diligencia, al considerar que podría vulnerar sus derechos.
