El atroz transfeminicidio de Sara Millerey nos recordó, una vez más, que la transfobia está lejos de ser una opinión inofensiva. Por el contrario, es la expresión más clara del odio hacia la diferencia y la diversidad. Es tal el rechazo que viven las personas trans, que los gritos de ayuda de Sara se convirtieron en un espectáculo para quienes, inhumanamente, decidieron grabarla y difundir su agonía en redes sociales. Su crimen no fue un caso aislado. Organizaciones civiles ya habían alertado sobre la sistematicidad de los actos violentos contra personas trans en Antioquia. Aun así, nadie actuó a tiempo.
Sara fue brutalmente golpeada, con fracturas en sus brazos y piernas, y con total desprecio por su dignidad humana, aún con vida, fue lanzada a una quebrada, donde suplicó por ayuda ante unos ojos indiferentes que, antes de auxiliarla, optaron por convertir su sufrimiento en un video más para viralizar. No cabe duda de que la indiferencia sigue siendo uno de los mayores viacrucis de este país.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, asegura que existe una relación entre la muerte violenta de Sara y otros crímenes ocurridos en el departamento. Durante una reunión llevada a cabo el año pasado con las autoridades del municipio de Bello, la ONG alertó sobre el uso del río Medellín y las quebradas como epicentros de violencia contra personas trans:
“Alertamos que estaban siendo llevadas a estos cuerpos de agua para robarlas, violentarlas, agredirlas sexualmente o incluso asesinarlas, como es el caso de Sara”.
Castañeda identifica cuatro factores que evidencian que el caso de Sara hace parte de un patrón sistemático de crímenes contra personas trans:
Primero, la extrema vulnerabilidad posterior a la pandemia, que obligó a muchas a habitar la calle. Segundo, el uso del río Medellín como espacio recurrente de violencia. Tercero, la falta de institucionalidad en el departamento. Y cuarto, la indiferencia social de la ciudadanía en la región.
Sobre este último punto, el director de Caribe Afirmativo enfatiza que en la misma reunión advirtieron sobre el aumento de la exclusión hacia personas trans en la cultura ciudadana de Antioquia:
“Tiene que ver con unas prácticas que muestran que no les importan las vidas trans, y en el caso de Sara es claro: la gente dejó de auxiliarla para grabarla. Esos minutos hicieron falta para salvarla”.
Como si el crimen no fuera lo suficientemente inhumano, el secretario de Seguridad del municipio de Bello, José Orlando Serrano, se refirió a ella en masculino, utilizando su nombre asignado al nacer. Un acto violento, discriminatorio y revictimizante, que evidencia la incapacidad institucional para comprender los crímenes de odio y las violencias por prejuicio. Omiten que la violencia comienza desde el momento en que se desconoce la identidad de una persona.
Para Wilson Castañeda, el pronunciamiento del funcionario es preocupante, pues además de enviar un mensaje discriminatorio a la sociedad, desconoce las sentencias de la Corte Constitucional y la Política Nacional LGBTQI+, que reconocen a las víctimas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género.
Pero, para él, lo más alarmante es el mensaje de desconfianza que desde la institucionalidad se transmite a las personas trans:
“En las últimas horas hemos recibido muchas expresiones de preocupación de personas trans que no solo sienten el dolor por el asesinato de Sara, sino que también aseguran que en el departamento no existen condiciones dignas para desarrollar su proyecto de vida”, expresó.
Ante el caso de Sara, solo nos queda exigir justicia y respeto por su memoria. A quienes grabaron y continúan reproduciendo el video de su agonía, les corresponde entender que el sufrimiento está lejos de ser una noticia. La dignidad de una persona no puede reducirse a unos cuantos likes.
