El 25 de noviembre de 2025, Juan Carlos Florián Silva, entonces ministro de la Igualdad, envió una solicitud de rectificación a tres organizaciones civiles de personas trans por contenidos difundidos en redes sociales que cuestionaban su gestión. Para expertos en libertad de expresión, esta acción constituye un acto de censura, ya que se trataba de críticas dirigidas a un funcionario público, obligado a soportar el escrutinio ciudadano.
Un día antes, el 24 de noviembre de 2025, las organizaciones y colectivos sociales Revolución en Rosa, Memoria Trans y La Trinchera Voguera publicaron un contenido titulado “¿Igualdad para quiénes?”, en el que criticaban, entre otros aspectos, la gestión del Ministerio de la Igualdad. En la publicación también señalaban al entonces ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, de apropiarse de las “identidades disidentes de género” para beneficio personal.
El contexto de esta crítica se enmarca en varios cuestionamientos al nombramiento de Florián, al considerar que vulneraba la Ley de Cuotas. Dicho nombramiento fue demandado ante el Tribunal Administrativo correspondiente, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a formalizar su designación mediante un decreto presidencial. Posteriormente, tras las críticas, Florián aseguró ser una persona de género fluido y comenzó a referirse a su cargo como “persona ministra”. Sin embargo, para algunas organizaciones civiles trans, esto constituyó una “apropiación de las identidades de género diversas”, principalmente porque, aseguran, no asumió responsabilidades reales con el sector social que decía representar.
El 25 de noviembre, un día después de la publicación, un integrante de una de las organizaciones recibió un correo electrónico titulado “Solicitud de rectificación”, enviado desde el correo personal del entonces ministro de la Igualdad. En el mensaje, Florián adjuntó un documento con el asunto “Solicitud de rectificación de información falsa e inexacta difundida en piezas gráficas recientes”. En dicho escrito, el exministro alegó que las piezas gráficas afectaban gravemente sus derechos fundamentales “a la honra, el buen nombre y la dignidad, al presentar como hechos ciertos una serie de juicios de valor carentes de todo sustento fáctico”.
Aunque la publicación abordaba temas como la violencia sistemática contra personas con experiencia de vida trans, la crisis en la entrega de medicamentos para el VIH y los constantes ataques de la Policía Nacional contra personas con identidades de género y sexuales diversas, Florián centró su solicitud de rectificación únicamente en las críticas que las organizaciones calificaron como “instrumentalización política” y “extractivismo identitario”, así como en la afirmación de que habría “utilizado su identidad de género para obtener beneficios”. Según el exministro, dichas expresiones incumplían los “deberes constitucionales de veracidad e imparcialidad que rigen el ejercicio de la libertad de información”.
Expertos de la organización El Veinte, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y consultados por Voces Francas, señalaron que Florián se equivoca al pretender que las organizaciones rectifiquen la totalidad del contenido y al identificar únicamente tres expresiones que le resultan incómodas, cuando la publicación incluye distintos tipos de discurso: opiniones, juicios de valor, críticas dirigidas a un funcionario público y a instituciones públicas, así como algunas informaciones. En particular, explicaron, lo que Florián cuestiona corresponde a expresiones de opinión.
“La opinión debe cumplir, en algunos casos, con un mínimo de fundamentación fáctica y, en otros, puede incluso no tenerlo. Florián quiere dar a entender que todo el contenido es informativo, porque si la publicación contiene información, entonces todo tendría que ser información. En eso se equivoca nuevamente, porque pueden coexistir distintos tipos de discurso en un mismo acto expresivo”, explicaron desde El Veinte.
En el documento conocido por Voces Francas, Florián sostiene que las afirmaciones publicadas “inducen a error a la opinión pública, desinforman a la ciudadanía y contribuyen a construir una narrativa injuriosa y carente de veracidad”.
No obstante, para El Veinte, la actuación del exministro puede interpretarse como una pretensión de censura, en la medida en que busca que un acto expresivo —aunque sea crítico— se ajuste a los términos que él considera aceptables. “La Corte Constitucional ha sido clara en que no se puede reclamar por vía de rectificación lo que Florián está solicitando. No se trata de que se reconozca que algo es falso, inexacto o carente de fundamento, sino de que se escriba lo que él quiere leer”, señalaron.
Para Alejandra Wells, activista trans y directora de La Trinchera Voguera, una de las organizaciones que recibió la solicitud de rectificación, Florián intentó usar su poder para silenciarlas. “Sobre todo cuando estamos ejerciendo control político. Se excusa en que es discriminación cuando lo que señalamos es una instrumentalización de las identidades trans y no binarias”, afirmó.
Además, en el documento de rectificación, Florián citó jurisprudencia aplicable a medios de comunicación y sostuvo que las organizaciones responsables de la publicación debían ser tratadas como tales. Sin embargo, las organizaciones rechazaron esa caracterización. “Ni Revolución en Rosa ni La Trinchera Voguera somos medios de comunicación masivos; somos liderazgos sociales que camellamos en la calle, en los espacios públicos y en escenarios de incidencia política”, afirmó Alejandra Wells.
Sobre el hecho de que la jurisprudencia citada no resulte aplicable a colectivos y organizaciones sociales, la organización El Veinte explicó que, además, Florián —cuando aún se desempeñaba como ministro de la Igualdad— estaba especialmente obligado a soportar la crítica, en su calidad de servidor público.
Tal como se lee en una de las respuestas a la solicitud de rectificación hecha por la Revolución en Rosa: “Así, nos acogemos al derecho a la crítica como garantía de nuestra posición política”.
Wells también denunció que Juan Carlos Florián la bloqueó en la red social X (antes Twitter), luego de que, como activista, cuestionara su actuación en el Ministerio de la Igualdad, particularmente frente a lo que describe como expresiones reiteradas de violencia contra personas con experiencia de vida trans.
Para El Veinte, esta acción resulta contraria a los deberes de un servidor público, especialmente cuando encabeza una entidad estatal. “El Ministerio debe implementar política pública y, en esa función, no solo debe conversar, sino también divulgar, convocar y mantener canales abiertos de comunicación. Con este tipo de actuaciones se cierra deliberadamente la puerta a las personas a las que debería dirigirse”, señalaron. Advirtieron además que se trata de un mal precedente, dado que el Ministerio necesita mantener contacto permanente con organizaciones sociales para ejecutar su política pública.
Por su parte, Wells subrayó que la crítica al gobierno es fundamental para las personas con experiencia de vida trans. “En un país donde no tenemos alternativas sino el puteo, vender drogas, estar en la cárcel, porque el sistema no nos da más opciones, principalmente a las trans negras racializadas, las trans migrantes. No debemos a la constante crítica, es una necesidad”, afirmó.
Para la elaboración de esta nota, Voces Francas contactó a Juan Carlos Florián para conocer su posición frente a los señalamientos. Sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Un comentario
No nos dan trabajo tampoco a las Adultas Mayores trans
Siempre nos dejan por fuera