El avance en materia de derechos humanos nunca ha sido un camino recto, sino una carretera llena de baches, curvas y desvíos inesperados. Aunque se nos ha dicho que vamos hacia adelante, a veces alguien toma el volante y nos obliga a retroceder, argumentando que el orden y la estabilidad dependen de volver a lo de antes. Pero dar reversa implica perder derechos conquistados con lucha y resistencia. En América Latina, esta tendencia se ha manifestado con fuerza: desde la disolución del Ministerio de la Mujer en Argentina bajo el gobierno de Milei, hasta el progresivo debilitamiento de derechos en Venezuela en medio de una crisis nacional. Tanto la derecha como la izquierda han demostrado que, cuando están en el poder, pueden restringir derechos fundamentales en nombre de sus propias agendas.
Para entender lo que está en juego, hablamos con Lina Céspedes Báez, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con maestrías en género y derecho internacional. La académica asegura que las constituciones políticas contemporáneas incluyen cartas de derechos amplias para proteger al ciudadano del poder del Estado, pero esto no basta. No es suficiente que los derechos estén consignados en la Constitución, para que se materialicen es necesario que la sociedad los exija a través de movilización y vigilancia constante.
SM: ¿Cómo pueden los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales limitar el avance de estas narrativas cuando provienen de líderes de Estado?
LC: Todo depende de una sociedad civil fuerte, por ejemplo, de que existan partidos políticos, movimientos sociales u ONG que permitan contrarrestar esos discursos. También depende de la fortaleza de organizaciones internacionales y regionales que puedan hacer valer los derechos fundamentales, los derechos humanos (…) de la efectividad de los recursos jurídicos para proteger los derechos. A nivel internacional, de la fortaleza de las de los organismos internacionales, que puedan ejercer presión sobre los Estados. Y creo que también de un reconocimiento de las personas y comunidades de sus derechos fundamentales.
Céspedes explica que los gobiernos, sin importar su orientación política, pueden justificar el retroceso en nombre de la seguridad o el orden público. Se trata de una estrategia común: “Se saca partido de las crisis económicas, las crisis políticas para poner ciertos temas que a la gente le genera miedo o por desconocimiento, es propensa a caer en errores, el tema de género es uno de esos, lo mismo pasa con la situación de los migrantes. En ambos es fácil construir un otro peligroso, es un terreno fértil para ese tipo de discursos”.
SM: ¿Existen ejemplos de países en los que se haya logrado frenar estos discursos antes de que se traduzcan en políticas públicas restrictivas?
LC: Yo creo que todo lo que está viviendo Europa con el fortalecimiento de la derecha es un ejemplo interesante de cómo un conocimiento de la historia y el mantenimiento de instituciones fuertes permite de alguna manera contener este tipo de fuerzas políticas. Lo que sí es cierto es que están ganando cada vez más fuerza. Yo creo que es clave tener sociedades civiles informadas, activas, comprometidas políticamente y conocedoras de sus derechos, que conozcan la historia también. Es muy importante que la ciudadanía sea consciente de lo que ha sucedido. Y ahí tienen una labor muy importante los medios de comunicación”.
SM: A través de los medios de comunicación y las redes sociales, las narrativas que minimizan las violaciones de derechos o que deslegitiman la lucha por la igualdad se amplifican con rapidez. Esto crea un ambiente donde la discriminación, la violencia de género y la exclusión dejan de ser vistas como problemas urgentes, para pasar a ser daños colaterales del orden que ciertos gobiernos buscan imponer
¿Qué papel juegan los medios de comunicación y también las redes sociales en la ampliación de estos discursos?
LC: Hay que alfabetizar a la población acerca de qué es verdad y qué es mentira en las redes sociales, ¿Cómo saber qué son teorías de la conspiración y qué son hechos? Evidentemente, las redes sociales plantean un reto muy grande (…) nos falta hacer más investigación al respecto sobre cómo afecta a la democracia. ¿Cómo balancear el derecho a la libre expresión, pero al mismo tiempo cómo honrar la verdad?, ¿Cómo aceptar las diferencias de opiniones, pero al mismo tiempo cómo no desfigurar la realidad?
Frente a las próximas elecciones, la académica insiste en que Colombia tiene sus propias dinámicas, pero no es inmune a tendencias globales. Como bien dice, nadie tiene una “bola de cristal” para predecir el futuro. Señala que la regresión no siempre se da con declaraciones explícitas, sino a través de decisiones que debilitan las instituciones y crean un ambiente propicio para restringir libertades. Entonces, ¿Qué hacer? “El derecho no es la solución a todo, aunque sea muy importante. Tiene que haber movilización social”, enfatiza. Los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+, son un ejemplo de esta situación, pues estos han sido producto, principalmente, de la lucha colectiva.
Un ejemplo claro, fue la despenalización del aborto hasta la semana 24, lograda en 2022 gracias a la presión de movimientos como Causa Justa, que articularon estrategias jurídicas y movilización social para defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tras años de debate, la Corte Constitucional reconoció que la criminalización del aborto afectaba desproporcionadamente a las mujeres más vulnerables. Este fallo, aunque histórico, sigue siendo blanco de intentos de reversión de sectores conservadores con proyectos de ley como “Escucha su Latido” que bajo la premisa de “introducir una serie de deberes en el personal médico como requisito para realizar diagnóstico” busca obligar a las mujeres y personas gestantes a escuchar el latido del embrión en su vientre si desean abortar.
SM: ¿Cómo puede la ciudadanía estar alerta para responder cuando sus derechos comienzan a ser amenazados?
LC: Primero, saber que esto no nos está pasando ahora, esto le ha pasado a las sociedades democráticas desde el comienzo de la democracia. Segundo, por eso se han creado mecanismos jurídicos y participativos que permiten contener esas tendencias. Tercero, hay que proteger las instituciones. Por ejemplo, en Colombia es muy importante proteger la independencia de los jueces, a las altas cortes (…) porque algunas veces los medios de comunicación también se usan para girar la narrativa de un lado para otro.
La lucha no ha terminado. Si la historia nos ha enseñado algo, es que los derechos nunca están asegurados y que, si no se defienden, pueden desaparecer. Hoy, más que nunca, es necesario estar alertas. Si queremos seguir avanzando, debemos asegurarnos de que el volante esté en las manos correctas y, más aún, que quienes conducen sepan que no pueden tomar atajos que pongan en riesgo la dignidad y los derechos de la ciudadanía.
*** Salomé Mizrachi es estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Valle, quien actualmente se encuentra realizando sus pasantías en Voces Francas.
