Una madrugada de 2021, seis hombres armados irrumpieron en la casa de Alejandra* en Miranda, Cauca, con una amenaza que no dejaba margen para la duda: “Tiene 24 horas para irse del pueblo o, si no, ya saben lo que pasará”. Con el corazón encogido y la mente llena de incertidumbre, empacó sus maletas y huyó con su madre, dejando atrás el territorio que la vio nacer. Su vida, marcada por el activismo en defensa de los derechos LGBTIQ+, la convirtió en blanco de un atentado y múltiples amenazas.
Alejandra no titubea al mencionar con orgullo que, gracias a su liderazgo, se realizó la primera marcha LGBTIQ+ en Miranda y, años después, en Corinto, Cauca. Entre risas, admite que tenía algo de miedo; conocía de primera mano las consecuencias del rechazo a la diversidad. Aun así, llena de determinación, siguió adelante con su plan: visibilizar y denunciar la violencia en su territorio.
“Marchamos con camisetas, pancartas, banderas que decían: ‘No queremos más muertes, no queremos más odio’. Y, contrario a lo que pensábamos, la comunidad nos recibió muy bien; entendieron lo que pedíamos”, recuerda. Gracias al éxito de la marcha, meses después convocaron el primer reinado LGBTIQ+ en Miranda, al que asistieron más de 10 mil personas. Aunque los años han pasado, aún se enorgullece de aquel logro.
Su camino en el activismo comenzó luego de ser víctima de un ataque homofóbico por parte de un antiguo funcionario de la Alcaldía de Miranda, quien, lleno de odio, la humilló y golpeó en repetidas ocasiones. “Dije: ‘No me voy a callar, voy a denunciarlo’. Pero me enviaron a la Comisaría de Familia. ¿Para qué? No sé. Ellos no sabían qué hacer ante esos casos y yo menos. Fue por eso que decidí actuar”.
Desde aquel día, Alejandra se convirtió en un referente para las personas LGBTIQ+ en su territorio: una lideresa reconocida por su valentía y su capacidad para denunciar aquello que muchos, por miedo a represalias, preferían callar. Recorrió colegios, alcaldías, centros de salud y espacios comunitarios para sensibilizar sobre la violencia por prejuicio. Su esfuerzo pronto dio frutos: en Miranda, Cauca, se creó la primera Ruta de Atención para víctimas de violencia contra personas LGBTIQ+.
Pero con el liderazgo también llegaron las amenazas de los grupos armados. Según la Fundación Paz y Reconciliación, en el norte del Cauca operan estructuras ilegales como el Bloque Occidental comandante Jacobo Arenas y la facción Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las FARC. Aunque no existen cifras exactas sobre los ataques de estos grupos contra la población LGBTIQ+, organizaciones como Caribe Afirmativo denunciaron de manera reiterada la persecución que enfrentan personas con orientaciones e identidades de género diversas en esta región del país. Alejandra se convirtió en una de ellas.
“Por las amenazas en mi contra tenía un esquema de seguridad de la UNP —Unidad Nacional de Protección— y, una tarde de 2016, mientras me dirigía a Popayán, sufrí un atentado. Salieron unos hombres y comenzaron a dispararnos. Yo reporté la situación, pero meses después me quitaron el esquema de protección y me dejaron solo con un chaleco y un escolta”, asegura Alejandra.
Aunque la situación se calmó parcialmente en los años siguientes, todo escaló cuando, el 10 de abril de 2021, Andrés Moreno, un joven gay de 21 años, fue asesinado. Su cuerpo apareció con señales de tortura en la vereda El Desbaratado, en el municipio de Miranda. No era el único caso: en febrero de ese mismo año, el cuerpo de Fernando Peña fue encontrado con signos de tortura, impactos de arma de fuego y partes incineradas.
Andrés era amigo cercano de Alejandra, por lo que su asesinato la impactó profundamente. Por eso, cuando llegó la última amenaza en su contra, no dudó en huir de su pueblo. “Era la 1 de la mañana, seis hombres armados tocaron la puerta de mi casa. Como no abrimos, nos gritaron: ‘Sabemos que están ahí. Tienen 24 horas para irse del municipio; si no, ya saben lo que pasará’. Me fui ese mismo día”.
Alejandra temía convertirse en una cifra más de los homicidios de personas LGBTIQ+. En 2021, el año en que fue desplazada, hubo 205 homicidios en todo el país. Aunque los años siguientes hubo una leve disminución, solo en enero de 2025 se han reportado siete asesinatos de personas con orientaciones e identidades de género diversas.
Hoy, Alejandra se encuentra a miles de kilómetros de su hogar, de la tierra que la vio nacer y que la acompañó en sus años de liderazgo. Con su exilio, se rompieron los lazos comunitarios que pedían a gritos un liderazgo como el suyo para denunciar la persecución que aún persiste. “Sentíamos que la discriminación había disminuido, pero sé que ahora ha vuelto”, dice.
Asegura que extraña su tierra, pero no quiere volver. “Eso siempre es así: se va uno y llega otro —grupo armado—”. Aunque denunció las amenazas, el atentado y su desplazamiento, ninguna autoridad ha actuado para hacer justicia. “Solo hasta hace dos meses la UNP me localizó; llegaron a mi casa y me quitaron el chaleco y el celular que me habían dado. Para eso sí me encontraron”.
**El nombre fue cambiado para proteger la identidad de la persona.
